Por mucho que todos nos congratulemos de que los piratas somalíes hayan liberado el buque Alakrana, con todos sus tripulantes sanos y salvos, no podemos olvidar que la impunidad y una alta retribución económica eran precisamente los fines perseguidos por los corsarios a la hora de emprender el secuestro, y esto es lo que, al menos por ahora, han obtenido del Gobierno español por darle término. Puestos a aceptar la "solución" que estos piratas –como cualesquiera otros– planteaban para "resolver" el secuestro, lo primero que cabe señalar es que el Ejecutivo de Zapatero podría haberlo hecho desde un primer momento ahorrando a los pescadores y a sus familias más de cuarenta días de dolorosa angustia. En lugar de ello, o de recurrir al legitimo uso de la fuerza para liberar al buque, el Gobierno judicializó el caso y se empeñó en traer a España a dos de los piratas que habían sido detenidos por nuestros militares para que la Audiencia Nacional los juzgara. Una vez, sin embargo, que Zapatero se percató de que el enjuiciamiento en España podría obstaculizar la negociación que planteaban los corsarios que permanecían junto a los rehenes en el buque, presionó a la Fiscalía para que aceptara una sentencia de conformidad planteada por la defensa, según la cual los dos detenidos serían acusados de delitos mucho menos graves que los que habían perpetrado, permitiéndose así una condena inferior a los seis años, lo cual permitiría, a su vez y a la luz de la Ley de Extranjería, una rápida expulsión del país que disfrazara su impunidad.

No podemos olvidar el no menos bochornoso espectáculo que dieron distintos miembros del Gobierno acusándose unos a otros de la decisión de traer a España a los dos piratas apresados, cruce de acusaciones que también se dio entre el Gobierno y la Audiencia Nacional. El caso es que este lunes la Fiscalía se negaba al apaño judicial y anunciaba su decisión de solicitar para los dos piratas detenidos penas superiores a los 200 años de cárcel como autores de 36 delitos de detención ilegal, y de robo con violencia y uso de armas.

Así las cosas, al Gobierno de Zapatero sólo le queda la vía del indulto para terminar de cumplir con las exigencias de los piratas o, una vez ya liberado el buque, hacer todo lo que esté en su mano para incumplir el acuerdo alcanzado bajo coacción. En este sentido, sólo un gobernante mentiroso o absolutamente incompetente puede afirmar, tal y como ha hecho la vicepresidenta De la Vega, que "si supiéramos donde están los secuestradores en estos momentos estarían detenidos". El Ejecutivo ha sabido en todo momento donde estaban los secuestradores con quienes ha negociado y a quienes ha pagado, y si ahora no lo sabe es sencillamente porque ha hecho todo lo posible para no quererlo saber. Por otra parte, los dos detenidos en España sí se sabe donde están y ya no hay excusa para que no caiga sobre ellos todo el peso de la Ley.

Por otra parte, no podemos olvidar el no menos bochornoso precedente de este Ejecutivo ante el secuestro y la liberación el año pasado del Playa de Bakio. En lugar de perseguir, apresar a los piratas y recuperar parte del botín entregado –tal y como había hecho poco antes el Gobierno francés con el secuestro del velero Le Ponant con 30 viajeros abordo–, el Gobierno de Zapatero dio orden expresa de no perseguir a los piratas una vez que estos habían liberado a los pescadores, y eso a pesar de que los radares de la fragata Méndez Nuñez detectaron con precisión el rumbo de fuga de los secuestradores.

Ya entonces algunos denunciaron el "efecto llamada" que iba a tener esta "solución", que el Gobierno de Zapatero tuvo la desfachatez de calificar de "diplomática". La diferencia está en que por la liberación del Alakrana se habrá pagado finalmente casi el doble de lo que se pagó entonces por la del Playa de Bakio.

Es cierto que, en este asunto del pago, el Gobierno ha llamado a la "prudencia" y a la "responsabilidad", llamamiento que el Ejecutivo ha dirigido especialmente a los medios de comunicación. Sin embargo, la responsabilidad y la prudencia son exigibles ante un Gobierno que se enfrenta a los secuestradores, no ante uno que los satisface. Y desde luego en este periódico no vamos a dejar de poner pegas a una "libertad" que es el resultado del éxito de una extorsión.