Hace cuatro años, un mes después de que el Estatuto de Zapatero fuese aprobado en un referéndum en el que no participó ni la mitad del censo electoral, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que dirimiese con la mayor diligencia posible la legalidad de ciertos conflictos que el Estatuto presentaba con la Carta Magna. Meses más tarde, a esos dos recursos se le unirían otros nuevos provenientes de distintas comunidades autónomas que fueron admitidos a trámite por el Alto Tribunal.

Desde entonces los recursos al Estatuto de Zapatero han dormido el sueño de los justos en las estanterias del Constitucional, un sueño alterado sólo por las continuas recusaciones y recursos para apartar a magistrados que pudiesen ser incómodos en la sentencia final. En circunstancias normales, si el Tribunal se hubiese limitado a tramitar un asunto jurídico, la resolución no se habría demorado más de un mes. Pero no, este asunto ha traspasado la línea de lo judicial para penetrar en el ámbito de lo político, campo donde se ha desatado una feroz batalla entre los verdaderos amos del poder judicial en España, cuya independencia sólo figura ya sobre el papel.

A destacar el lamentable papel que finalmente han decidido desempeñar en todo este sainete el magistrado Manuel Aragón, quien durante cuatró años bloqueó una resolución casi con seguridad muy parecida a la que ha terminado apoyando, y el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, quien ha terminado votando a favor de la ponencia de Casas muy probablemente para evitar que la sentencia se aprobara por el voto de calidad de la presidencia, quedando así retratada la enorme politización del órgano.

A falta de la sentencia definitiva y echando una mirada a la ponencia que presentó Elisa Pérez Vera, muy parecida, por lo demás, a la que al final ha terminado pergeñando la presidenta María Emilia Casas, todo indica que el nacionalismo catalán ha obtenido una victoria histórica. La práctica totalidad del Estatuto de Zapatero se salva tal cual fue concebido por la Generalidad. Sólo un artículo, el referido al Consejo de Justicia de Cataluña, queda inhabilitado, lo que muestra a las claras el corporativismo profesional de los magistrados. A otros catorce artículos se los somete a un maquillaje ligero, puramente terminológico y que, en ocasiones, tramposo como sucede con el artículo 6 en el que, dependiendo del apartado, se anula (art. 6.1) o se mantiene (art. 6.2) el deber de conocer la lengua catalana, por muy abiertamente inconstitucional que sea este segundo precepto.

Las partes más abiertamente anticonstitucionales y las que más polémica han levantado quedan en el limbo de la ambigüedad al declararse interpretables. Es el caso de la bilateralidad "España-Cataluña" o el sistema de financiación. Esto no es, ni de lejos, una victoria constitucionalista como podría imaginarse. Muy al contrario, esta falta de concreción a lo único que va a invitar es al cambalache político con los nacionalistas, muy necesarios para que Zapatero en los dos años que quedan de legislatura pueda atornillarse al poder pase lo que pase.

Respecto al uso del término Nación aplicado a una comunidad autónoma, la catalana queda definitivamente consagrada como tal en el preámbulo del Estatuto de Zapatero. El Tribunal Constitucional no ha declarado como inconstitucional este punto a pesar de que Nación sólo puede haber una según la Constitución, ya que considera que tal apelación se encuentra contenida solamente en el preámbulo que "en ningún caso es jurídicamente vinculante". Nos encontraríamos una vez más ante el mismo efecto que en puntos anteriores, la imprecisión podría dar lugar a negociaciones posteriores ya totalmente políticas.

Por encima de las cuestiones jurídicas, el verdadero ganador de todo este episodio ha sido, una vez más, el nacionalismo catalán. Saliese lo que saliese podrían seguir quejándose y ejerciendo de víctimas de un presunto Estado centralista que sólo existe en sus ensoñaciones, pero del que viven muy bien. Zapatero se lo ha puesto en bandeja, porque él y nadie más que él es el responsable de este despropósito que tendrá para España severas consecuencias en el medio y largo plazo. Estos cuatro años de política han sido sólo el principio de un problema muy serio que no tardará en manifestarse.