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EDITORIAL

El TSJC, al rescate de Mas

El TSJC ha servido en bandeja a los separatistas una ocasión de oro para hacer gala de victimismo.

La imputación de Artur Mas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuenta de la consulta ilegal perpetrada el 9 de noviembre del año pasado, no es fruto del funcionamiento normal de las instituciones judiciales en un Estado de Derecho. Tanto el momento en el que se ha anunciado como la fecha fijada para la declaración judicial del secesionista, en el aniversario del fusilamiento del golpista contra la II República Lluís Companys, sugieren claramente que se trata de una decisión intencionada y no de un mero cúmulo de casualidades.

El propio ministro de Justicia, el inefable Rafaél Catalá, se ha encargado de disipar cualquier duda al respecto al mostrar su apoyo al retraso de la decisión de imputar a Mas. A su juicio, el tribunal ha hecho bien en dilatar la aplicación estricta de la ley para evitar "cierta contaminación de un proceso judicial y político". Esto, en boca el máximo responsable de la Justicia, es una prueba añadida de las deficiencias del sistema cuando se trata de juzgar delitos en los que hay políticos de por medio, especialmente si son nacionalistas. En estos casos, como ha quedado demostrado una vez más, las instituciones del Estado olvidan sus obligaciones y tratan por todos los medios de evitar cualquier molestia a los que vulneran la ley con especial contumacia, como en el caso de Mas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con un ponente que debe el cargo a los separatistas, ha servido en bandeja a, precisamente, los separatistas una ocasión de oro para hacer gala del victimismo de que hacen siempre gala. La fecha elegida para la declaración de Artur Mas será utilizada por los nacionalistas para convertirlo en un falso mártir, pese a que no es previsible que jueces tan cercanos al secesionismo se atrevan a castigar a Mas como sin duda merece.

Acierta el candidato popular en las elecciones catalanas, García Albiol, cuando critica duramente esta utilización partidista de la Justicia para convertir en víctima a un dirigente político que en cualquier otro país estaría probablemente en la cárcel. Ahora bien, esa crítica debería hacerla en primer lugar al Gobierno de su partido, sin cuya colaboración activa semejante afrenta no habría sido posible.

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