El polémico magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella interpuesta por Izquierda Unida para investigar la presunta contabilidad B del Partido Popular. Nada habría que objetar si no fuera porque esos mismos hechos ya están siendo investigados por la propia Audiencia Nacional a través de su Juzgado de Instrucción número 5, cuyo titular, Pablo Ruz, tendrá ahora que hacer valer su jurisdicción para entender del caso.
Gómez Bermúdez ha demostrado tener un especial interés en apropiarse del caso Bárcenas, asunto que con seguridad va a seguir acaparando gran parte de la actualidad informativa en los próximos meses. No de otra forma puede entenderse su decisión de asumir la instrucción de una querella extemporánea por un asunto como el de la posible financiación irregular del Partido Popular, para el que otro juzgado de la Audiencia Nacional ya había creado incluso una pieza separada al objeto de llevar a cabo una tramitación más ágil y eficaz. Gómez Bermúdez ha actuado, además, en contra del acertado criterio del Ministerio Fiscal, para el que resulta evidente que la competencia para investigar los llamados papeles de Bárcenas, y los posibles delitos que de ellos puedan derivarse, corresponde al juez que estaba entendiendo del caso que dio origen a las sospechas de financiación ilícita del Partido Popular. Ninguno de estos razonamientos ha hecho mella en la berroqueña determinación de un magistrado caracterizado por su afán desmedido de notoriedad y escaso rigor jurídico, dos rasgos por desgracia bastante comunes en los integrantes de un órgano jurisdiccional cuya mera existencia supone de hecho una grave excentricidad de nuestro sistema judicial.
La Audiencia Nacional tuvo algún sentido en su día para sustraer de los juzgados de cercanía la instrucción de graves delitos de terrorismo y narcotráfico, al objeto de que fueran investigados y juzgados con mayores medios y más imparcialidad. En la actualidad, la persistencia de un órgano judicial que nació con un objetivo que ya ha dejado de tener relevancia supone un anacronismo que el Gobierno haría bien en solventar a la mayor brevedad. Sobre todo porque un mastodonte politizado como la Audiencia Nacional deviene irremediablemente cenáculo en el que magistrados y jueces, nombrados con intencionalidad política, a menudo se convierten con sus decisiones en árbitros de la política nacional, como por desgracia hemos visto ya en demasiadas ocasiones.
Gómez Bermúdez, al más puro estilo Garzón, parece estar dispuesto a convertirse en el protagonista mediático de las próximas semanas a cuenta de un asunto sobre el que está recayendo toda la atención ciudadana. Sólo queda esperar que la Sala de lo Penal lo evite fallando a favor del juez Ruz en el más que previsible conflicto de competencias que la acción de de Gómez Bermúdez ha provocado.