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29-VI-2009

Satisfaciendo a todos, incluida ETA

El terrorismo es uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse una sociedad. Su objetivo declarado es generar el terror, esto es, sumir a los individuos en un estado permanente de excepcionalidad que haga imposible su convivencia pacífica. Por eso mismo, por atacar el fundamento de cualquier civilización, el Estado debe encargarse de combatir su ofensiva en todas las formas que ésta adopte, incluida la de partido político pantalla cuyo objetivo sea captar fondos y hacer proselitismo desde las instituciones.

Ésta era la finalidad que se encontraba en el fondo de la Ley de Partidos y no, como hábilmente distorsionan los nacionalistas, ilegalizar ideas. Dicho de otra manera, la Ley de Partidos pretende simplemente que las ideas, adopten la forma que adopten, no sirvan de protección a los terroristas para continuar desempeñando su actividad criminal.

El problema con el terrorismo etarra es que su violencia florece en un caldo ideológico muy determinado y, por ese motivo, cuesta distinguir la proximidad de los fines (propia de partidos como el PNV o Aralar) de la proximidad de los medios. En más de una ocasión, de hecho, el nacionalismo mal llamado moderado se ha encargado de confundirlo todo aún más rebajando la gravedad de los medios de los terroristas por considerar que eran útiles para agitar tales o cuales árboles.

En este sentido, las decisiones de los magistrados, encargados de delimitar cuando una determinada organización política integra el entramado de un grupo terrorista, pueden resultar impopulares y molestas para una parte significativa de la población (los nacionalistas y la izquierda más contraria a la Constitución) que no dudarán en manipular la sentencia para maltratar al tribunal. Es más, incluso puede que una determinada decisión moleste a la familia política que colocó al magistrado en su puesto. Pero aún así, los jueces no deben prevaricar (dictar una resolución a sabiendas de su injusticia), sino que han de hacer valer su independencia frente a todas las presiones que puedan recibir para alcanzar la sentencia más ajustada a derecho posible.

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, defiende que la sentencia que permitió a Iniciativa Internacionalista, el partido del proetarra Alfonso Sastre, concurrir a las elecciones europeas fue la correcta porque los indicios contra esta formación "no eran sólidos".

Curiosamente, el propio Alfonso Sastre se encargó –pocos días después del último atentado de ETA que terminó con la vida de Eduardo Puelles– de mostrarle a María Emilia la falta de solidez de la sentencia al pronosticar "tiempos de mucho dolor" si el Gobierno vasco no se plegaba a las exigencias de los terroristas.

No parece que los indicios hayan sido el elemento que inclinara la balanza del Tribunal Constitucional a favor de Iniciativa Internacionalista. Al igual que con el Estatuto catalán, todo apunta a que el tribunal ha optado por "satisfacer a todos" y no remover las aguas, aun cuando ello socave la supremacía del ordenamiento jurídico en beneficio de una organización criminal; a todos, claro, salvo a las víctimas de esos terroristas y, en general, a quienes todavía creen en la necesidad de combatir a ETA y defender los derechos individuales.

Es lo que desgraciadamente sucede cuando la justicia se politiza hasta la obscenidad: que el Estado de Derecho se resquebraja y la impunidad se cuela entre las grietas.


 

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