No contento con ser el titular de Hacienda que más ha incrementado la presión fiscal, así como el nivel de endeudamiento público, parecería que Cristóbal Montoro también quisiera pasar a la historia como el ministro bajo cuyo mandato la Agencia Tributaria ha brindado menos colaboración a los tribunales en su lucha contra la corrupción. Buen ejemplo de ello, pero no el único, es la reciente e insólita negativa de Hacienda a entregar un dictamen que el juez Ruz le había solicitado el pasado 25 de febrero sobre la tributación que correspondería al Partido Popular por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008 en relación a las donaciones que figuran percibidas ese año en los documentos aportados por su extesorero Luis Bárcenas.
La inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Marga García Valdecasas, justificó su insólita negativa asegurando que los peritos que prestan auxilio judicial a Ruz ya señalaron en anteriores informes que el PP no estaba obligado a tributar por estas aportaciones y añadió: "Lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informe o emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores".
Lo que no se puede pretender es que la valoración jurídica de los datos solicitados por Ruz la haga la jefa de la ONIF y no el instructor. Que la Agencia Tributaria considere que el nuevo dictamen que se le solicita podría ser reiterativo respecto de los informes aportados en septiembre de 2013 y octubre de 2014 no es excusa para no entregarlo; como tampoco lo sería en el caso de que manifestara ahora un criterio distinto. Sencillamente, no hay excusa para no atender en sus "estrictos términos" el requerimiento del juez, puesto que ello no sería otra cosa que privarle de la dirección de la investigación en un procedimiento, tal y como lo tiene conferido por ley.
El caso es que el juez Ruz ha vuelto a reclamar los datos este martes a la Agencia Tributaria, en un escrito en el que se dirige directamente a la inspectora jefe que se lo denegó, a la que da un plazo de cinco días para hacerlo. De esta forma, si la inspectora García Valdecasas volviera a negarse, el juez podría iniciar una actuación penal contra ella.
No se sabe si la denegación de auxilio judicial de la subordinada de Montoro se debe a "una errónea comprensión de la naturaleza de la función instructora en sede jurisdiccional penal", tal y como le reprocha Ruz en su auto, o algo todavía peor. El caso es que no es la primera vez que se denuncia la falta de colaboración de Hacienda con los tribunales. Con ocasión de la instrucción del caso Nóos, el presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, denunció que la Agencia Tributaria no estaba cooperando con el juez José Castro, a quien no le entregaban los informes "independientes" que les había pedido el juzgado sobre la infanta Cristina. Eso por no recordar otros comportamientos no menos vergonzosos, como los mensajes que el propio Montoro ha lanzado contra actores, periodistas o políticos que no son de su cuerda.
Veremos en qué queda el asunto de Bárcenas, pero no hace falta esperar a su cierre para denunciar el deplorable proceder de este Gobierno obstruccionista.