Supuestamente, la función esencial de todo Estado es la de defender a sus ciudadanos, pues para ello se le ha dotado del monopolio de la violencia. Cabría esperar, por tanto, que el Gobierno español mostrara un poco más de preocupación por la suerte que corren sus ciudadanos más allá de sus fronteras. Cuando en un país que no se caracteriza precisamente por su defensa de los derechos humanos, unos españoles son agredidos por defender asuntos incómodos para el Estado marroquí y además lo son supuestamente por policías vestidos de paisano, todas las alarmas deberían encenderse.
No cabe duda de que el Sahara Occidental es un tema sensible para Marruecos, que pretende consolidar de iure una situación de hecho sin permitir que el pueblo saharaui se pronuncie sobre la ocupación ilegal en referéndum. Cualquier reivindicación política que recuerde el auténtico statu quo del Sahara le resulta terriblemente desagradable. Pero que sepamos cuáles son las razones de las hostilidades de la monarquía no significa que el Reino de España deba vender ni a sus ciudadanos ni tampoco a los saharauis, que al menos hasta hace 35 años eran formalmente ciudadanos españoles.
Sin embargo, el Gobierno de Zapatero lleva seis años de cesión permanente ante las bravuconerías del autócrata marroquí. La última, hace unas semanas con el conflicto de Melilla, el cual obligó a Rubalcaba a improvisar un viaje a Rabat –ni a Ceuta ni a Melilla– para rendir pleitesía al sultán y firmar un documento de colaboración policial idéntico al que habían suscrito dos años atrás. Todo fue puro teatro destinado a convencernos de que existe un clima cordial de cooperación donde sólo hay amenazas por una parte y genuflexiones por la otra.
Y es que los socialistas llegaron al poder con la excusa de restaurar las buenas relaciones con Marruecos y lo único que han conseguido es que éste se envalentone cada vez más y que vaya tensando la cuerda con tal de duplicar sus exigencias hacia el Gobierno español. Ahora, tras la "espontánea" agresión a los ciudadanos españoles, el mensaje parece claro: no queremos a nadie que nos recuerde nuestras obligaciones internacionales. Lo que buscan de España es complicidad a la hora de imponer la mordaza a propios y extraños y lo peor es que de momento la están consiguiendo.
De nada sirven en este caso las excusas aducidas por Zapatero, pues una cosa es que haya que plantear una estrategia diplomática inteligente, guardando las formas en público y presionando en privado, y otra que "inteligencia" equivalga a darle a la monarquía absoluta alauí todo lo que pide. Tal como están las cosas, lo peor que podría hacer este Gobierno, y el partido que le da sustento, es dejar en la estacada a los ciudadanos españoles que han sido agredidos de un modo similar al que, en su día, se dejó en la estacada a los saharauis.
No sólo por nuestras responsabilidades históricas con este pueblo, sino porque deberíamos ser conscientes de que el apetito del sultán es insaciable y de que si la colonización del Sahara Occidental tiene un éxito total, más adelante exportará el modelo de la Marcha Verde a Ceuta, Melilla y Canarias. Diplomacia es saber prevenir los conflictos antes de que estallen y para ello nada mejor que dejar las cosas claras desde el comienzo. Llevamos seis años de retraso y cuando prenda la mecha de nada servirán unas fraternales relaciones "tío-sobrino" que tan inútiles se han mostrado ya en todos y cada uno de los encontronazos previos.