Tan seguros estaban socialistas y nacionalistas de que el Tribunal Constitucional sancionaría el estatuto perpetrado, que ver que puede ocurrir lo contrario les ha puesto de los nervios. La prensa catalana, a toque de somatén, se ha puesto de acuerdo para sacar un mismo editorial amenazante. Es tan poco sorprendente como si en los tiempos de la URSS el Izvestia y el Pravda se hubieran puesto de acuerdo para publicar un mismo artículo.
La pieza emplea un estilo campanudo de arenga militar para decir muchas tonterías. Una es que el Tribunal, para no ser contrario a la virtud máxima de la Constitución, su carácter abierto e integrador, debería considerar ajustado a ella un estatuto que la transgrede. O que declarar inconstitucional el estatuto sería ir en contra del principio pacta sunt servanda. Aparte de que una sentencia puede ser contraria al espíritu de una norma, pero muy difícilmente serlo a una de sus virtudes, siempre provoca hilaridad ver a juristas pedantes e ignaros disimular sus lagunas oceánicas con latinajos. En la Transición hubo en efecto un pacto entre los españoles. Pero ese pacto se tradujo en la Constitución. Su violación, que es lo que hace el estatuto, conlleva la del principio que el editorialista sabihondo invoca. Es como si el comprador de una casa, disfrutándola, se niega a pagar el precio y encima exige que sea el que se la vendió quien pague los gastos de comunidad porque pacta sunt servanda. La cosa tiene bemoles.
Hay más: "La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa [observen que el editorialista escribe como habla Zapatero] ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas". Javier Cercas, que ha dicho muchas tonterías del estatuto, lo expresa mucho mejor, que para eso es escritor: "Hay un conflicto entre la democracia y la ley".
Lo expresa mejor, pero es igual de falso. La Constitución se funda en la soberanía del pueblo español que la refrendó. Cuando una ley es anticonstitucional, también es antidemocrática porque va en contra de lo expresado por la soberanía popular. Que el estatuto haya sido aprobado por los catalanes en referéndum no significa nada porque en España, de momento, sólo hay un pueblo soberano, que es el español, y a éste no se le ha pedido opinión. Si los socialistas y nacionalistas catalanes quieren para Cataluña un estatuto como el que se han dado, que no cabe en nuestra Constitución, tenían que haber instado primero su reforma. Si la Constitución, convenientemente reformada y ratificada por el pueblo español, hoy dijera por ejemplo que España es un Estado integrado por tales y tales naciones, incluida Cataluña, ningún problema habría hoy con el estatuto. ¿Por qué no siguieron ese camino? Muy sencillo: porque el pueblo español nunca hubiera aprobado tal reforma. Y ese es precisamente el "inconveniente" que socialistas y nacionalistas han querido sortear.
Si el Constitucional finalmente falla contra el estatuto, habrán fracasado y los catalanes no podrán posponer más la necesidad de resolver su dilema. Tendrán que decidir si quieren ser españoles con el grado de autonomía que les brinda la Constitución, pero no más, o ser independientes con todas sus consecuencias. Acabado el tiempo de los leguleyos, tampoco habrá ya margen para aprendices de brujo.