La decisión del presidente asturiano de convocar elecciones anticipadas, vista la imposibilidad de aprobar los presupuestos del Principado, tiene soliviantada a la clase política, que cuando se trata de preservar gabelas y acosar al discrepante suele ponerse rápidamente de acuerdo.
Cualquiera que por imperativo profesional haya tenido que analizar los presupuestos de las Comunidades Autónomas de España sabe que las cuentas asturianas, basadas en el derroche exhaustivo y el expolio sistemático, eran inasumibles para cualquier formación política con aspiraciones de sobrevivir en este periodo de penuria financiera. El gasto improductivo previsto en el documento presupuestario en vigor es exorbitado, el número de empresas públicas depredadoras de fondos autonómicos descomunal, las subvenciones para las causas más peregrinas abundantísimas y la previsión de ingresos una quimera disparatada que hubiera obligado a exceder con creces los límites de endeudamiento fijados por el gobierno para el presente ejercicio. En otras palabras, los presupuestos generales de Asturias que el PSOE dejó como herencia al nuevo ejecutivo eran el pasaporte seguro hacia la suspensión de pagos, algo de lo que son perfectamente conscientes los dirigentes del PP y el PSOE por más que ahora se hagan los despistados. Los primeros lo saben porque están acostumbrados a asumir la ruina de su rival cuando pierde el poder y los segundos por ser los autores del desastre.
Los presupuestos generales de un ejecutivo son el documento básico para ordenar su acción política y cada gobierno, al margen de su dimensión territorial o filiación ideológica, debe tener la capacidad de confeccionarlo según su criterio. Precisamente por la importancia de esta ley anual elaborada por cada institución pública, los motivos para su reforma y la cuantía de las variaciones monetarias que puede efectuar cada gobierno están tasados con rigidez en la normativa presupuestaria. Álvarez Cascos, sencillamente, no habría podido aplicar su programa electoral con esos presupuestos, aunque hubiera introducido modificaciones hasta llegar al límite legal permitido.
Escamoteada cuidadosamente la verdadera razón del adelanto electoral, la acusación formal vertida contra Álvarez Cascos por los miembros del cotarro, sin distinción de siglas, es que no ha dialogado lo suficiente con las otras fuerzas políticas. Es el consenso, el ara sacrificial sobre el que toda sangre derramada por la soberanía popular siempre se antojará insuficiente a los oficiantes.
En lugar de aceptar peajes en los conciliábulos parlamentarios, Cascos ha preferido dar de nuevo a los asturianos la palabra para que decidan al respecto. Esa decisión le retrata en términos democráticos. La respuesta del PP y el PSOE del principado esmalta a su vez el respeto que les merece el mandato ciudadano expresado en las elecciones . Ahora que unos y otros se lo expliquen a sus votantes.