Andalucía es la tercera región de España por la cola en ingresos familiares; sólo están peor que nosotros Extremadura y Castilla la Mancha, ambas gobernadas, como en nuestro caso, desde hace casi 30 años por el PSOE.
Si uno de los rasgos de un régimen autoritario es la presencia del miedo entre los ciudadanos, otro de ellos es la existencia de un "Sí a todo" por parte de intelectuales orgánicos y periodistas de la cuerda. Habría que examinar cuál es el origen y el precio, material y/o espiritual, de tal afirmación absoluta, síntoma de la sumisión completa, hacia un régimen, pero en estos momentos lo principal es tener presente la gravedad de un comportamiento tal que contradice con escándalo la búsqueda de la verdad a la que están obligados y que convierte en inútil su "servicio público" que lejos de ser un "servicio al público" se convierte en un servicio al poder del Estado –las Comunidades Autónomas son Estado– y contra el público.
Las sociedades democráticas son muy ricas y plurales en posiciones y fundamentos. Hay una diversidad enriquecedora que se asienta básicamente en unos cuantos elementos que hay que considerar comunes. Uno de ellos, es la libertad de expresión y la pluralidad de la propiedad y de la orientación de los medios de comunicación. ¿Y para qué la libertad de expresión y la pluralidad de los medios? Para favorecer el libre juicio crítico de los ciudadanos vitaminados por perspectivas, datos y enfoques diferentes de la realidad social, económica, política y cultural. Naturalmente, la propiedad plural de los medios es cosa necesaria. Cuando la propiedad de los medios está en manos o está relacionada siempre con los mismos poderes es que hay un problema democrático. La concentración de los medios andaluces en manos de personas y empresas filosocialistas es alarmante. Cuando la propiedad de los medios, incluso la no filosocialista, es presionada y agobiada desde el poder público para someterla a sus dictados (por ejemplo con el arma de la publicidad institucional y las concesiones de nuevas cabeceras, frecuencias o emisoras), es que hay un grave problema democrático.
La existencia de una intelectualidad libre, palabrón casi sin sentido en esta etapa de servidores incondicionales del poder, debería implicar el uso crítico de la razón, datos contrastados, juicios y razonamientos rigurosos, para hacer no que el poder tenga más poder sino para que los ciudadanos sean más libres y racionales a la hora de adoptar las decisiones que consideren conveniente para la defensa de sus intereses privados y para la defensa del interés general, una vez detectado y puesto de manifiesto. Lo que no implica, desde luego, es el comportamiento ancilar respecto del poder político, el que sea, diciendo Sí a todo.
Pero naturalmente, la que expongo, es la visión "burguesa" de la intelectualidad, personas con libertad y garantías para decir libremente lo que consideran oportuno y que, como fin, se proponen primordialmente el desarrollo de los derechos humanos y de las oportunidades efectivas de todos y cada uno de los ciudadanos, no sólo de los afines. Los del Sí a todo defienden la visión "marxistilla" de la cosa que considera que, una vez conseguido el poder por el partido amigo, lo que hay que hacer es justificarlo todo, pontificarlo todo, alabarlo todo y aplaudirlo todo.
Por ejemplo, si la mejor política social es la creación de empleo, y Andalucía ya superó los 700.000 parados el mes de noviembre; si el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 707.749 trabajadores; si, asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 199.095 personas, lo que representa un incremento de un 39,14 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, ¿dónde están los intelectuales y periodistas andaluces del régimen? Con el régimen, no con los ciudadanos. Sí a todo.
Si de los 307.202 ciudadanos españoles que han solicitado el desempleo en la primera quincena de diciembre, 73.079 son andaluces, un 23,78 por ciento del total, los del Sí a todo están con el régimen. Mutis.
Si Andalucía es la tercera región de España por la cola en ingresos familiares; si sólo están peor que nosotros Extremadura y Castilla la Mancha, ambas gobernadas, como en nuestro caso, desde hace casi 30 años por el PSOE; si según los datos del INE, el andaluz medio ingresa al año aproximadamente 3.500 euros menos que el español medio, que es una notable diferencia; si comparamos nuestros ingresos medios anuales con los de Baleares, por ejemplo, la diferencia es de 5.800 euros; si del catalán medio nos separan 6.000 euros; si del madrileño medio, casi 9.000 euros. ¿Qué dicen los del Sí a todo? Que Sí a todo.
¿Cabe mayor fracaso social y político que estos hechos para un Gobierno que llegó al poder en 1982 reclamando la igualdad real entre las Comunidades Autónomas y regiones de España y que lleva años hablando de la deuda histórica para resolver esta brecha de oportunidades vitales entre los andaluces y los ciudadanos de otras comunidades? Pues Sí a todo.
Aunque Manuel Chaves y su Gobierno siguen repitiendo que nunca tocarán los gastos sociales –la última vez en el discurso de hace unos días con motivo de la Navidad–, el recorte a los gastos sanitarios llegó el pasado mes de septiembre de este año. El Ministerio de Economía remitió una carta a las comunidades para advertirlas de que por falta de fondos en los próximos Presupuestos no abonaría parte del dinero extra acordado ¡en 2005! para tapar el agujero sanitario. Naturalmente, la Junta no dio importancia a este recorte en sus fondos. Sus amigos del Sí a todo, ni lo han mencionado. Chaves ha mentido en su discurso navideño, pero Sí a todo. Asunto trivial.
Que los andaluces que viven en peores condiciones o no hayan tenido estabilidad en su renta desde hace tres años no dispongan de acceso al nuevo Plan de la Vivienda acordado entre la Junta de Andalucía, las Cajas y los Bancos; que se haya fijado una condición "objetiva" para poder acceder al préstamo hipotecario (que la familia adquirente de la vivienda mediante el préstamo hipotecario disponga como mínimo de 600 euros al mes para vivir, una vez descontadas las deudas financieras de otros préstamos y la letra de la hipoteca que se pide); que para la compra de una vivienda normal, de entre 20 y 30 millones de pesetas (120.000-180.000 euros), una familia deberá acreditar al menos unos ingresos mínimos de 1.500 euros; o sea, que los más necesitados, los inmigrantes y los mileuristas no puedan beneficiarse de este plan, no suscita ni el más mínimo reproche de los del Sí a todo.
Pues precisamente por esto hay un régimen: porque el grupo de supuestos intelectuales y periodistas que hoy amparan al régimen abdicaron del ético ejercicio de la crítica para transformarse en felpudos de Manuel Chaves y la oligarquía del socialismo andaluz. Sí a todo y la mayoría de ellos, pagados por todos.
