Soy uno de los miles de españoles que han sufrido la presencia del fuego en sus vidas y haciendas. La primera vez vi el fuego desatado en el pueblecito de la provincia de Badajoz en el que nació mi padre. Tendría yo unos 13 o 14 años, sonaron las campanas de la iglesia de un modo especial y los habitantes de Campillo de Llerena salieron de sus casas para ayudar a contener el desastre inminente con cubos, con herramientas, con miedo y con corazón. Yo fui también.
La última ha sido estos días en el entorno de El Castillo de las Guardas, Sevilla, una de las poblaciones más cercanas a la infernal hoguera que ha arrasado 40.000 hectáreas entre Niebla y Aznalcóllar, de las provincias de Huelva y Sevilla respectivamente. Esta vez, con una importante estructura antiincendios en el monte, fuimos prealertados por la Policía Autonómica Andaluza, que existe poco pero existe, y por la Guardia Civil. Cuando coches con sirena llegan junto a tu casa, ya te has alarmado. Es natural.
En sus palabras, las de ambos, que fueron dos las prealertas, no había que tener miedo alguno, que no se estaba obligado a evacuar de forma inmediata, que el fuego estaba a unos 15 kilómetros, que volverían a la hora que fuese en caso de desalojo, que lo tuviéramos todo preparado para salir y que mucha calma. Cuando se fueron, sopesamos la situación y finalmente, como muchos –hubo bastantes que se quedaron a pesar del riesgo–, cogimos el coche y salimos de la zona de riesgo. Afortunadamente, teníamos a dónde ir.
Detrás quedaba una casa familiar, sus recuerdos, sus árboles, su huerto, sus macetas y unos animales domésticos cuyo traslado era imposible. Años de esfuerzo y de esperanza podían ser envueltos en las llamas del incendio que dicen ha sido uno de los más importantes de la historia reciente en Andalucía y en España, arrasando una superficie equivalente a veinte veces la de todo el término municipal de Ceuta, la ciudad española que ha sufrido y sufre otro tipo de incendio, en su caso criminal.
No sé, no soy experto, si los servicios de la lucha contra el fuego de los diferentes responsables de las Administraciones Públicas –Ayuntamientos, Diputaciones, Junta de Andalucía, Protección Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado–, han sido suficientes y eficaces. Salvo algunos destellos de absurdo protagonismo, creo que, dadas las dificultades encontradas, han estado a la altura posible. Al menos han estado y se les ha visto estar. El tiempo pondrá las cosas en su sitio, porque es la segunda tragedia brutal desde 2004. Había precedente.
Pero es preciso distinguir los fuegos accidentales de los fuegos criminales, originados por negligencia bien individual bien administrativa o causados por una voluntad de hacer daño. Con estas temperaturas de cerca de 40 grados, casi continuas en el calendario, cualquier accidente es posible. Pero hasta el momento, aunque inicialmente se habló de una insensata colilla arrojada desde la carretera HU-3106, todas las hipótesis están abiertas.
La DGT considera que es una infracción administrativa muy grave arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios. Esta infracción supone la pérdida de 6 puntos del carné de conducir y la sanción de 500 euros. Eso es todo, a pesar del daño causado a tantos pueblos, tantos vecinos, tanto monte y tanto patrimonio y siempre que se demuestre, claro, que no es nada fácil.
Penalmente, ¿tiene castigo la negligencia o el incumplimiento del deber de una Administración? Verán, lo de la colilla, sea o no el origen, no explica la propagación monstruosa del fuego a través de 40.000 hectáreas, pero, ¿es sencillo probar los fallos e incumplimientos que facilitaron la extensión y la virulencia de los focos? Para nada. Desde el cambio climático como excusa a otros vericuetos legales, no sería nada fácil demostrar judicialmente una responsabilidad penal.
Incluso en el caso que se certificase fehacientemente y sin duda alguna la autoría voluntaria de una persona en el desencadenamiento de la tragedia, la pena aplicable sería de uno a cinco años de prisión. Como en este caso ha habido especial gravedad –superficie quemada, poblaciones en peligro, condiciones meteorológicas adversas, recursos destruidos, etc.– la pena podría subir de tres a seis años de cárcel.
Sólo si se demostrase que hubo peligro cierto para la vida o la integridad de personas, el tipo penal pasaría a entre diez y veinte años de prisión, más multas y responsabilidad civil. Pero ya saben, entre reducciones de pena y tratamientos de favor por conducta y tiempo, el tiempo real de confinamiento apenas sería de entre seis y quince años y muchos menos en prisión ordinaria porque se le beneficiaría con el tercer grado.
Esto es, miles de personas afectadas, muchos municipios y sus patrimonios dañados, tremendos gastos ocasionados por la labor de apagado de los fuegos y daños infringidos a la imagen de la zona y su economía, su estabilidad familiar, su riqueza ecológica y su esperanza en el futuro, nunca serán debidamente compensados aunque se halle a los responsables, directos e indirectos.
La cantidad de sufrimiento desencadenado no encuentra un eco medianamente proporcional en la pena legal que se impone a los culpables. Estamos ante un crimen sin castigo suficiente. Los ciudadanos sufren mucho más y mucho más tiempo que los culpables. No podemos seguir así ni un minuto más.