El jueves de esta semana hemos tenido una desagradable noticia: el Gobierno se ha desviado casi un punto del objetivo de déficit marcado para el ejercicio 2015. A la vez que anunciaba el incumplimiento, el ministro Montoro pretendía exonerarse de responsabilidad señalando a las comunidades autónomas como las culpables de la desviación.
Según Montoro, la administración central y los ayuntamientos han cumplido sobradamente. Los verdaderos responsables seríán los gobiernos autonómicos que han tenido una desviación más del doble de lo previsto: un 1,66% respecto al 0,7%. El gobierno sedicioso de Cataluña ha batido todos los records: se ha desviado en un 2,7%. Cuatro veces más del objetivo.
Montoro se ha hecho el serio. Ha dicho que va a exigir que se cumpla la regla de gasto en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Nos congratulamos de las palabras del ministro. Lo que no alcanzamos a comprender es por qué lleva tres años sin hacer que se cumpla la ley.
No han faltado las voces de protesta en la clase política autonómica. El traidor mayor del reino, Carles Puigdemont, ha denunciado que el responsable del déficit es el gobierno central y ha tachado de amenaza el anuncio de que se va a hacer cumplir la ley. Y, para que no quede duda de que no se va a achantar, ha anunciado que la Generalidad seguirá estando al lado de la gente. La pregunta es: si el gobierno de Mariano Rajoy no es capaz de impedir que los separatistas organicen una Hacienda catalana, ¿cómo va a conseguir que se cumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria?
Pero es que a Montoro no sólo se le rebelan los separatistas. También le contestan los suyos. La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha dicho que no admite "en absoluto" que el gobierno les eche la culpa del incumplimiento del objetivo de déficit. Y que lo que hay que hacer es distribuir de otra forma el objetivo de déficit entre el Estado y las CCAA.
Cuesta saber quién tiene la razón en este asunto. Una cosa es segura: España vuelve a incumplir el objetivo de déficit, un año más. Y eso a pesar de que hemos tenido todas las variables macroeconómicas a nuestro favor: el precio del petróleo por los suelos, los tipos de interés en sus mínimos históricos, un tipo de cambio que hace a nuestras exportaciones ser extremadamente competitivas. ¿Qué pasará cuando todas estas variables no nos sean tan favorables?
España se ha vuelto ingobernable. Las comunidades autónomas no sólo son lesivas para preservar la unidad de la Nación. Las comunidades autónomas hacen a España inviable desde el punto de vista económico. Todo se ha multiplicado por diecisiete y se han creado redes clientelares que han sido caldo de cultivo de los mayores escándalos políticos de nuestra historia (ERE, Pujol, Púnica y Gurtel).
Lejos de acercar el poder al español de la calle, las autonomías han servido para hacer crecer el número de funcionarios, crear infraestructuras sin sentido y colocar a amiguetes en cargos sin ninguna utilidad. Las CCAA han hecho que nuestra legislación se multiplique por diecisiete, haciendo nuestro país ingobernable para políticos e incomprensible para los ciudadanos y generando costes regulatorios que hacen que nuestras empresas no puedan competir.
Este juguetito de los políticos nos cuesta a los españoles todos los años más de 80.000 millones de euros. La consecuencia es que sufrimos recortes en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Hemos visto cómo se pone en peligro el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hemos contemplado con tristeza cómo se ha desmantelado nuestra ciencia y hemos visto cómo nuestros mejores investigadores se tienen que ir de España.
Mientras tanto, la élite política autonómica ha mantenido intactos todos sus privilegios. Las CCAA se han convertido en nuestro principal problema. Por eso en Vox lo tenemos claro: ¡fuera autonomías!