El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles el dictamen de la comisión de investigación que señala directamente al expresidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y a la cúpula de la sanidad regional de la anterior legislatura por las irregularidades en las compras sanitarias. La resolución ha salido adelante con el apoyo de las fuerzas de centro-derecha, mientras que los grupos de la izquierda han protagonizado un plante.
En concreto, los representantes del PSOE y de sus antiguos socios de gobierno han emitido un voto particular para mostrar su rechazo frontal al documento. Tras defender su postura, los parlamentarios socialistas han abandonado el hemiciclo en señal de protesta y evidente disconformidad con el texto debatido.
El presidente de la comisión, Raúl Acosta, ha puesto en valor el trabajo realizado durante estos meses para detectar las deficiencias en la adjudicación de material. Según ha explicado, resulta inadmisible que los ciudadanos hayan sufragado millonarios desembolsos sin que exista un registro claro sobre quién proponía a las empresas beneficiadas. Por ello, ha subrayado que la responsabilidad política recae en el Gobierno regional, con especial intensidad en la figura del actual ministro y su círculo de confianza en el departamento de Sanidad.
Desde las filas de la oposición al actual Ejecutivo autonómico han intentado restar gravedad a los hechos. El bloque de izquierdas ha calificado la investigación de mero ataque y ha defendido que las medidas se tomaron ante la emergencia mundial. La portavoz socialista, Nira Fierro, ha llegado a acusar a sus rivales políticos de crear el caso Torres a base de "falsedades intencionadas" para desgastar a los dirigentes de su partido.
PP, CC y Vox cargan contra la gestión del anterior Ejecutivo
Sin embargo, las formaciones que han respaldado el dictamen han sido contundentes al vincular la gestión del expresidente con tramas de corrupción de alcance nacional. El portavoz del PP, Fernando Enseñat, ha recordado que fue el equipo de Torres quien abrió las puertas de las islas a la red investigada en el caso Koldo. Ha exigido la dimisión inmediata del exdirigente regional por considerar que ha faltado a la honorabilidad exigida para un cargo público.
Por su parte, la representante de Coalición Canaria, Vidina Espino, ha detallado cómo se favoreció a empresas bajo sospecha, recordando que la comunidad adjudicó contratos millonarios bajo la intervención directa de Ángel Víctor Torres. Además, ha rememorado el escandaloso contrato con la empresa RR7, donde se pagaron cuatro millones de euros por material que nunca llegó a utilizarse o que era defectuoso, generando un enorme perjuicio a las arcas públicas.
Finalmente, desde las filas de Vox, Nicasio Galván ha reprochado la flagrante falta de criterio del anterior Ejecutivo a la hora de fiscalizar el dinero de los contribuyentes. Ha hecho hincapié en la necesidad de que los altos cargos asuman las consecuencias de sus actos, lamentando que la decencia política brille por su ausencia ante evidencias tan claras de descontrol y despilfarro gubernamental.