(Libertad Digital) Durante su comparecencia en el Congreso esta semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en la eficacia de su política económica para combatir la profunda crisis que sufre España. Sin embargo, las medidas aprobadas hasta el momento no han solventado ni solventarán la actual situación.
Esta es la conclusión que se extrae del boletín del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE), correspondiente al segundo trimestre de 2008, analiza en profundidad las claves del plan de estímulo impulsado por el Ejecutivo tras las elecciones generales del pasado marzo.
El informe revela que "en realidad, se trata de un proyecto keynesiano, basado en el incremento del gasto público, que, curiosamente, toma prestadas algunas de las malas iniciativas puestas en marcha por la Administración de EEUU".
Según el OCE, el plan del Gobierno está compuesto por dos grupos de medidas: Las que serían beneficiosas si llevaran aparejada una reducción drástica del gasto público y las que, en cualquier caso, resultan nocivas para la economía nacional. "El problema es que, en ambos casos, se produce una distorsión en el uso de los recursos, apuntalando las malas inversiones y dilapidando el escaso ahorro de los españoles, por lo que en nada contribuirán a atenuar la crisis".
Prueba de ello es el creciente déficit público que sufre y seguirá sufriendo el país, con el consiguiente incumplimiento del Pacto de Estabilidad que rige en la UE, así como el aumento del diferencial entre la deuda pública española y la alemana, que también irá en aumento. A continuación, el OCE evalúa las primeras medidas anticrisis presentadas por el ministro de Economía, Pedro Solbes:
1. Devolución de 400 euros del Impuesto sobre la Renta (IRPF):
Al igual que hizo Bush, el Gobierno español devolvió a cada trabajador 400 euros para tratar de estimular el consumo y reanimar la economía. El OCE defiende que las rebajas fiscales son unas de las pocas iniciativas que puede adoptar el Estado para aliviar la crisis, ya que menos impuestos implica más renta disponible para amortizar la carga de las deudas y, en definitiva, para ahorrar e invertir en los proyectos productivos desatendidos durante la etapa del boom.
Sin embargo, precisamente por ello, el objetivo de la rebaja fiscal no debe ser estimular el consumo y, mucho menos, debe implementarse en un contexto de déficit público, ya que por ambas vías el ahorro nacional termina dilapidándose en partidas que alejan la recuperación económica. Una rebaja adecuada de la tributación debe pasar, primero, por reducir el gasto público y, luego, sin renunciar al equilibrio presupuestario, por incentivar fiscalmente el ahorro, por ejemplo eliminando la tributación por plusvalías y permitiendo deducir por completo la reinversión empresarial.
2. Eliminación anticipada del Impuesto sobre el Patrimonio:
La eliminación de este impuesto deja un sabor amargo por motivos análogos a la devolución de los 400 euros: Se efectúa sin reducciones de gasto, lo que implica que el déficit público se financiará con cargo al ahorro de los españoles. Así, la descapitalización de la estructura productiva que tiende a provocar los impuestos sobre la riqueza sólo queda postergada vía un incremento de los pasivos públicos.
3. Ampliación de las hipotecas:
Con esta medida, el Gobierno pretendió suprimir los costes administrativos para prolongar el plazo de las hipotecas, con la finalidad de minorar la cuota hipotecaria. La eliminación de sobrecostes artificiales sobre las transacciones voluntarias siempre resulta positiva (salvo por la pérdida de recaudación que no va acompañada por una reducción del gasto), ya que permite que los intercambios se lleven a cabo con mayor facilidad.
En cualquier caso, si la medida se dirige a reducir los impagos hipotecarios y así salvar a los bancos de la bancarrota, conviene tener presente que un repunte del desempleo no va a impedir el impago merced a una cuota hipotecaria ligeramente inferior y que, en todo caso, los bancos y cajas se enfrentan, a medio plazo, a un impago mucho más pernicioso, como es el de los 450.000 millones de créditos a promotores y constructores (cuantía que debe ponerse en relación con un capital de la entidades de crédito de apenas 200.000 millones).
El problema de los impagos hipotecarios vendrá más adelante, conforme el desempleo se convierta en endémico, precisamente por impedir la reestructuración de la actividad productiva, vía un mayor gasto y endeudamiento público.
4. Apoyo financiero a las pymes:
El aval que presta el Tesoro a la titulizaciones de préstamos a pymes nace con la intención de extender el grifo del crédito. Se trata de una medida que no soluciona nada y, además, tiene visos de empeorar las cosas. La restricción crediticia (credit crunch, tal y como avanzó el OCE el pasado verano) no se produce por la desconfianza de los bancos hacia sus potenciales deudores, sino por una continuada erosión de sus balances, origen esencial de la crisis de liquidez que sufre desde mediados de 2007 el mercado interbancario internacional.
En estos momentos, la banca no está pensando en cómo rentabilizar sus exiguos saldos de caja, sino en aprovecharlos para sobrevivir en un contexto de escasa liquidez y con fuertes desembolsos en el horizonte. La medida del Gobierno, por tanto, no cambia esta situación de partida y no resolverá la restricción de crédito a la economía real.
De hecho, aunque lo lograra, sólo facilitaría un arbitraje de riesgos no respaldado por ahorro real, sino por los avales del Estado, esto es, con la promesa de rapiñar riqueza futura del sector productivo de la economía para respaldar unos proyectos que pueden no ser ni siquiera rentables.
De este modo, el OCE advierte de que el aval del Estado a este tipo de titulizaciones produce, en realidad, una desviación de los flujos de ahorro hacia circuitos mucho más arriesgados de lo que los ahorradores están dispuestos a financiar a costa de atacar impositivamente el capital acumulado para respaldar los eventuales impagos crediticios.
5. Privilegios para el sector de la construcción:
Durante el segundo trimestre del pasado año, el Ejecutivo aprobó rebajas del IVA para la rehabilitación de viviendas, incrementó, en un primer momento, hasta 5.000 millones de euros el aval del ICO sobre titulizaciones de préstamos hipotecarios y mantuvo su compromiso electoral de construir 150.000 viviendas de protección oficial anuales.
Por un lado, las rebajas fiscales siguen sin acompañarse de reducciones drásticas del gasto público, con lo que el déficit seguirá en aumento. Por otro, España presenta un claro excedente de viviendas, de modo que carece de todo sentido la construcción de nuevos pisos subvencionados o evitar la caída de precios inflados adquiriendo, por ejemplo, viviendas sobrantes a los promotores a precios muy por encima de lo que justifican sus fundamentales.
Todo ello, tan sólo contribuye a retrasar el necesario ajuste del sector, impide la recolocación de los factores productivos y dilapida el escaso ahorro necesario para iniciar la tan ansiada recuperación económica.
6. Recolocación de parados:
El Gobierno comenzó la actual legislatura destinando 201 millones de euros a contratar a 1.500 orientadores en las Oficinas Públicas de Desempleo para facilitar la recolocación de parados. Asimismo, también anunció una ayuda de 350 euros mensuales durante 90 días para determinados parados de difícil recolocación.
El primer error del plan es considerar que el desempleo puede solventarse con más agentes dedicados a buscar puestos de trabajo. El problema es que la falta de empleo se debe esencialmente a la ausencia de ahorro para constituir nuevos proyectos empresariales. Además, en cualquier caso, se trata de una medida inadecuada que debería dejarse a la iniciativa privada para comprobar si es realmente útil y necesaria.
Por otro lado, la ayuda de 350 euros mensuales a los parados tan sólo disminuye su disposición a buscar trabajo (y, sobre todo, a buscarlo por salarios bajos, tal y como será necesario en muchos casos tras el estallido de la burbuja), y nuevamente contribuye a dilapidar los ahorros que capta el Estado a través del gasto corriente en consumo y, por tanto, retrasa la recuperación.
7. Obra pública:
El Gobierno insiste en reactivar el sector de la construcción mediante la aceleración de las ejecuciones de obra pública (cifrado en unos 12.000 millones de euros) y el denominado Plan E, que pretende inyectar más de 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para el inicio de obras puntuales.
En este caso, el Ejecutivo desvía el ahorro de los españoles hacia bienes de capital, cuya escasez no es la causante de la crisis. Con este plan, España apuesta por más obra pública, pero dejará de invertir en otros bienes que pueden ser más necesarios ahora mismo, como todos los relacionados para reducir nuestro galopante déficit exterior (próximo al 10% del PIB anual).
8. Mejora del tratamiento fiscal de la deuda:
Por último, durante el segundo trimestre de 2008, Solbes anunció que los no residentes no tendrían que tributar por los intereses de la deuda pública. La idea es favorecer la afluencia de ahorro extranjero para el endeudamiento de las Administraciones. Conviene recordar que el Estado no paga los intereses de la deuda con cargo a la rentabilidad que ha generado su inversión precedente, sino con nuevos impuestos, cuya recaudación, por tanto, es hasta cierto punto independiente del éxito de sus proyectos.
Desde el Observatorio se insiste en la necesidad del ahorro para facilitar la recuperación económica , pero en ningún caso que éste sea captado y dilapidado por el Estado en iniciativas que, en realidad, suponen un despilfarro de recursos.La citada reforma, en la medida en que facilitará que el Estado dilapide mayor cantidad de ahorro privado, sólo puede ser valorada de manera negativa . Además, no deja de resultar frustrante que, siendo el Ejecutivo consciente de que la mejora sobre la fiscalidad del ahorro facilita su emergencia, restrinja este tipo de medidas a su endeudamiento particular, y no al de familias y empresas.