La siembra del crimen

La posible localización de Ben Laden en las colinas de Tora Bora, las declaraciones de los empresarios españoles liberados en Georgia y el aumento de la inseguridad ciudadana son algunas de las noticias más destacadas en las portadas y editoriales del día.

El Mundo abre su portada con unas declaraciones de Vidiadhar S. Naipul, al que este diario hace una larga entrevista con ocasión de la entrega hoy a este escritor británico del premio Nobel de Literatura. En ella, Naipul hace una dura y justificada crítica a los países islámicos, incluidos los supuestamente “moderados” como Arabia Saudí, que según el escritor deberían indemnizar a las víctimas del fanatismo islámico. Este escritor declara sin tapujos que el concepto de guerra religiosa es fundamental en la religión musulmana, que todos los países en los que rige la sharía son culpables de los asesinatos por parte de los fanáticos integristas y que, frente a las explicaciones de la izquierda que la enmarca en la crisis israelo-palestina o el imperialismo americano, la masacre del Once de Septiembre es para él un acto de puro odio religioso. El editorial de El Mundo parece en esta ocasión secundar estas declaraciones contra las tesis del multiculturalismo políticamente correcto y pone como ejemplo del fanatismo de la ley islámica el caso de la nigeriana de 35 años condenada por adulterio y sentenciada a morir por lapidación.

ABC y El País dedican un editorial al aumento de la delincuencia en la Comunidad de Madrid, donde las tres últimas muertes violentas han elevado a noventa y tres el número de asesinatos a lo largo de este año. ABC destaca los datos policiales que señalan que siete de cada diez asesinatos se producen como consecuencia de reyertas entre delincuentes extranjeros a causa de venganzas o ajustes de cuentas. Aunque este diario considera que es tan falso como injusto culpar de esta situación al incremento de la inmigración, dice que es demagógico ocultar que existe una probada relación entre ambos factores. “Negarlo –afirma ABC– es actuar con un progresismo postizo, y cualquier solución que quiera llevarse a cabo ha de pasar por aceptarlo”. Algo de ese “progresismo postizo” debe ser el que lleva a El País a no aportar en su editorial los datos policiales que señalan la relación entre inmigración y delincuencia y a decir que este hecho es meramente un argumento del Gobierno, “sólo en parte cierto, que ha justificado operaciones policiales de dudosa constitucionalidad”. La solución que ofrece el diario es la que podría esperarse: aumentar el gasto público y dotar de más medios materiales y personales a la policía. Ciertamente nada hay que objetar a que la seguridad ciudadana sea prioritaria para el Estado y sus recursos. Pero, por eso mismo, hay que indicar que la “solución policial” queda coja si no va acompañada por cambios legislativos que aporten mayor disuasión a las detenciones y que tengan presente los incentivos que empujan a muchos inmigrantes al delito. La semana pasada supimos que ocho delincuentes magrebíes habían acumulado ellos solos más de mil detenciones. Los complejitos de progre que contiene la propuesta de El País sólo servirían para elevar el récord de las detenciones... y de su esterilidad.