El logro de la quinta Copa del Mundo por parte de la selección de fútbol brasileña es la noticia más detacada en la prensa de este lunes. A pesar de este denominador común, cada diario dedica a una noticia diferente su principal titular de portada. El Mundo informa de que Berlusconi ha pedido amparo al Constitucional frente a la Audiencia Nacional. El titular de ABC asegura que el Gobierno socialista alemán prepara la más dura reforma laboral de la UE. La Razón señala que la Armada española abordó un barco somalí en busca de hombres de Al Qaeda. El País asegura que el PP convertirá a Mayor Oreja en la “estrella” de las municipales, al informar que el ex ministro presentará el programa en un gran acto en plena sucesión de Aznar. La Vanguardia, finalmente, destaca que ETA exige un recargo del 5% a los extorsionados que no pagan.
Aunque la victoria de Brasil en el Mundial lo deja en un segundo plano, el otro gran denominador común de las portadas se encuentra en el nacimiento del Tribunal Penal Internacional, al que casi todos los diarios dedican un editorial.
Los comentarios apenas ofrecen diferencias. Todo son elogios, sin sentido crítico alguno, hacia esta nueva institución y reproches a Estados Unidos por rechazar la creación de la misma. Los editoriales justifican su entusiasmo con genéricas proclamas a favor de una justicia universal y de la persecución de los crímenes contra la Humanidad, de genocidio y de guerra, pero no reparan en el porqué de la negativa de la primera democracia del mundo a su creación. ¿Qué confianza se puede tener en los defensa de los valores éticos y jurídicos, con los que los editoriales pretenden anular todo sentido crítico, de una organización, como la ONU, que da legitimidad, voz y voto en su seno a todos los tiranos que deben su poder precisamente a la violación sistemática de los derechos humanos que esa organización dice defender? Se dice que la ONU, con la creación del TPI quiere llevar a los tribunales a los genocidas y a los jefes de Estado que cometen crímenes contra la Humanidad. Con que dejara de tenerlos como miembros integrantes ya nos daríamos con un canto en los dientes...
Podemos confiar en un sistema judicial basado en un Estado de derecho, donde impera la democracia, donde hay división de poderes y donde todos, gobernantes y gobernados, están sujetos al imperio de la ley. ¿Pero qué se puede esperar de una organización que nace de las componendas políticas ad hoc para juzgar o no a determinados dirigentes que bien pueden estar —vayan ustedes a saber— en el banquillo de los acusados o sentados en el Tribunal?
Dice el editorial de La Razón que “no será ahora un vencedor el que juzgue a un vencido, sino un tribunal plenamente legitimado y establecido antes de la comisión de delitos, que actuará sólo si los países de los criminales no son capaces, o no quieren, aplicar previamente justicia en sus respectivos tribunales”. Si el criminal es el jefe de un Estado, es evidente que la justicia de su país no va a proceder contra él, y, si no lo hace ¿cómo va el TPI a juzgarlo sino es precisamente venciendo su resistencia por la fuerza? ¿O es que, acaso, el TPI sólo pretende juzgar a los dictadores que voluntariamente dejen de serlo? Ya es raro el caso de un dictador que, como Pinochet, accede a abandonar pacíficamente el poder, como para que ahora se penalice esa iniciativa sometiendo a juicio a quien la toma mientras se deja impune a los dictadores que están en ejercicio.
Dice La Razón que el TPI es el espacio ideal para juzgar, entre otros, a Castro...¿De verdad se cree alguien que la impunidad de Castro, o la de cualquier dictador en ejercicio, tiene los días contados por el nacimiento de este Tribunal? Lo que desde luego no harán --eso si lo habían sopesado alguna vez-- es acceder a dejar el poder. Instalados en el él perpetuarán las violaciones de derechos humanos, pero gracias precisamente a eso tendrán la dignidad de representar a sus países, con plena inmunidad e impunidad, en las asambleas de la ONU y hacer, de paso, diatribas contra los soldados de los países democráticos que como Israel o Estados Unidos tratan de vencer por la fuerza a los que sólo la fuerza les llevaría a sentarse en el banquillo de los acusados.
Los editoriales de El Mundo, ABC, La Razón y La Vanguardia, no sólo no tienen en cuenta los evidentes riesgos de la “politización” de una organización que, como sus editoriales, no discrimina entre los regímenes de los países que la impulsan. Es que además hacen gala precisamente de esa falta de discriminación. Lo mismo lamentan que China no suscriba el TPI que no lo haga Estados Unidos.
De la misma forma que poco, salvo vergüenza, cabe esperar de una comisión de Derechos Humanos que integre tanto a Batasuna como al PP, lo mismo habría que decir de un Tribunal y un sistema judicial que suscribiera tanto China como EE UU. Muchos de los tiranos que ya han estampado su firma a favor de ese tribunal lo han podido hacer precisamente gracias a la violación sistemática de esos derechos que el Tribunal dice defender.
Lo dicho, un esperpento políticamente correcto al que bien se podría sumar el régimen chino, pero que se sería nefasto que accediera la nación a la que más debe el mundo libre. La dignidad de las victimas no está para bromas.
Los socialistas alemanes y su reforma laboral
ABC dedica un editorial y su principal titular de portada a la reforma laboral que propone llevar a cabo el Gobierno sacialista alemán, “la más dura de la UE”, según este diario. Lo primero que llama la atención es el calificativo de “dura” empleado por ABC para referirse a esta reforma que, según su propio editorial, es acertada, necesaria y eficiente para reducir el enquistado paro alemán. Lo “duro”, deducimos nosotros, debía ser entonces perpetuar el modelo vigente que desincentiva el empleo y que lastra con pesadas cargas el ya existente.
Su editorial informa y valora positivamente los radicales cambios que propone el Ejecutivo de Schröder con el apoyo de la oposición democristiana, que tienen tres ejes principales de actuación: Revitalizar el empleo temporal, reformar y modernizar unas ineficientes oficinas de trabajo y el fomento del autónomo. ABC no sólo destaca el hecho de que este tipo de medidas —que, según sus promotores, dejan tímidas a las planteadas por Aznar— se lleven a cabo en un país como Alemania “con una sólida tradición laboral poco dada a los cambios”, sino también que sean los socialdemócratas los que las lideren. Ciertamente contrasta su actitud con la de los socialistas españoles que se han opuesto radicalmente a todo cambio.
ABC sentencia que “Alemania se suma así a la corriente de reformas en el seno de la Unión Europea, la más reciente en España, que buscan adecuar el mercado laboral a los nuevos tiempos, con economías capaces de crear más empleo y de primar la eficiencia”. Sin embargo, ABC no puede dejar de hacer un tributo a lo políticamente correcto al afirmar que “son reformas necesarias que, por otra parte, deben buscar el consenso político y social y preservar a la vez esa cultura laboral europea, distinta a la de Estados Unidos, en la que los derechos laborales han ganado un puesto en la sociedad”.
Esa “cultura europea” que dice ABC que hay que preservar es en definitiva contra la que se dirige, en parte, estas reformas y, sobretodo, es la responsable de que Europa, a diferencia de Estados Unidos, padezca un paro tan intolerable como enquistado. Los “derechos laborales”, como cualquier otra condición de trabajo, no deberían ser fijados más que por las partes intervinientes en el contrato laboral y no ser otras que las que ellas estipulen libremente. La necesidad de “adecuar el mercado laboral” en Europa surge precisamente de esa falta de soberanía y autonomía de las partes, que en Europa tienen que doblegarse al bienintencionado intervensionismo estatal en el mercado laboral. Ya va siendo que dejemos de alimentar ese mito de los mal llamados "derechos sociales en Europa" que son otra cosa que intromisiones coactivas en los acuerdos laborales y cargas a la hora de generar empleo.
Y, desde luego, acabemos ya de bendecir estúpidamente, como condición sine qua non, el consenso con los sindicatos. Ello no sólo supone ningunear la legitimidad democrática de las mayorías y del parlamento sino que, además, alimenta la reaccionaria oposición al cambio de los dirigentes sindicales, tan beneficiados por el stutu quo.
Si grave es que la autonomía individual se sacrifique a la voluntad de la mayoria, tambien lo es que esta, encima, quede supeditada al visto bueno de unos unos sindicatos que tratan de oponerse, como grupo de presión y sin pasar por las urnas, a la voluntad de la mayoría.
El último esperpento de la ONU
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