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Las otras fianzas multimillonarias

Tramas de corrupción como el Caso de los ERE en Andalucía o el caso Palma Arena en Baleares también han traido fianzas de alto calibre.

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Las millonarias fianzas civiles –no pagarlas no implica entrar en la cárcel– solicitadas para Iñaki Urdangarín y a su exsocio en el Instituto Noos, Diego Torres, no son algo excepcional en los juicios sobre casos de corrupción que se han venido desarrollando en los últimas años en España. El objetivo es cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas

Muestra de ellos son algunas fianzas de las que impuso la jueza Mercedes Alaya en su investigación sobre la trama fraudulenta de expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, una causa conocida popularmente como el Caso de los ERE. Así, al exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, se le solicitaron 807 millones de euros y, a su número dos, al ex viceconsejero de Empleo andaluz, Agustín Barberá, 490 millones de euros.

En este mismo sumario, también se pidieron casi 174 millones de euros para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez; y 7,2 millones de euros a Daniel Alberto Rivera, que sustituyó a Márquez al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

Otro caso fue el del exministro de Medio Ambiente y presidente del Gobierno de Baleares, Jaume Matas, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de febrero una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros por el caso Palma Arena.

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