Ignacio González seguirá en la cárcel de Soto del Real. La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid por los riesgos de fuga, ocultación de pruebas, reiteración delictiva y de obstaculizar la investigación derivada de la Operación Lezo. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por la defensa contra la decisión decretada el pasado 21 de abril por Eloy Velasco. Entendía la medida "injustificada, desproporcionada e innecesaria" y proponía que se sustituyera por otras menos gravosas como las comparecencias periódicas, la prohibición de salida al extranjero o la retirada del pasaporte.
Los magistrados detallan todas las actividades y delitos que indiciariamente le atribuye el juez instructor y que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública.
En este punto, desmontan uno por uno los argumentos esgrimidos en el recurso de González. Según la Sala, el arraigo familiar en España como motivo de inexistencia de riesgo de fuga, su notoriedad pública y la supuesta carencia de medios económicos "no supone en este caso minimización de ese riesgo". Basta señalar la gravedad de los hechos y de las penas, expone el auto, "como para que el riesgo de sustracción a la justicia no sea desdeñable".
Tampoco sirve de justificación la necesidad de apoyo familiar en estos momentos, cuando hay otros miembros de su familia investigados y que podrían estar en sus mismas circunstancias. Ponen de manifiesto que uno de sus hermanos también ingresó en prisión incondicional en esta causa.
La resolución ahonda en el aspecto de la notoriedad pública. Según los magistrados, podría ir a otros lugares donde no goce de esa notoriedad y buscar refugio en países en los que haya menor nivel de cooperación policial y judicial, pudiendo mientras tanto mantenerse con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido intervenidos. En este punto recuerdan que una conversación entre dos investigados se afirma que el ritmo de vida del apelante no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene y uno de ellos dice que González tiene "dinerillo B".
El riesgo de ocultación de pruebas y de obstaculizar las actividades de la investigación justifican también la medida de prisión provisional, explica la Sección Cuarta, ya que se analiza múltiple documentación intervenida, lo que implica que podrían abrirse más líneas de investigación.
La Sala también confirma la decisión de Velasco de decretar la prisión eludible con una fianza de 4 millones de euros de María Fernanda Richmond, ante la gravedad de los hechos que se le imputan en esta investigación.