El bloque nacionalista no se desvía del camino trazado ni levanta el pie del acelerador. Se desconoce cómo pretenden aprobar la ley del referéndum, aún no ha sido abordada por la Mesa del Parlamento catalán, pero Junts pel Sí y la CUP ya consideran oportuno exhibir otra ley, la del día después, de "transitoriedad jurídica", una "constitución provisional" por si gana el "sí". Se trata de una maniobra, según los líderes de Ciudadanos y PP, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol, para tapar el escándalo de la manipulación separatista de la manifestación del pasado sábado en Barcelona, una manera de pasar página cuanto antes de un error de gran calado y que ha sido advertido en Europa.
El diputado de Junts pel Sí, el convergente Lluís Corominas, y el diputado de la CUP Benet Salellas han sido los encargados de una rueda de prensa tráiler en la que han dado las pinceladas generales. Tras esa primera comparecencia, los periodistas han sido trasladados a otra sala de la cámara autonómica para que Junts pel Sí y la CUP se explayen en los detalles de la que han denominado como "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república", una norma que estará en vigor entre el 2 de octubre y la celebración de unas elecciones constituyentes, "si es que gana el sí", matizó Corominas. La norma es larga, 89 artículos y tres disposiciones finales, la última para revocar la ley en caso de victoria del "no".
Según Corominas, quienes son contrarios a la independencia saben que el marco jurídico si gana su opción no cambia. El 2 de octubre el presidente de la Generalidad convocaría unas elecciones autonómicas. Así es que los partidarios de la república también tienen derecho a saber qué ocurrirá el día después si vence el "sí". "Queremos aportar transparencia", dijo el diputado convergente, que añadió: "El ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto tanto si es "sí" como si es "no"".
Aviso a los contrarios al referéndum
Junts pel Sí ha aceptado finalmente aprobar esta ley antes del 1 de octubre, una condición impuesta por la CUP, que hizo suyas las apreciaciones de Corominas. Benet Salellas insistió en animar a los contrarios a la independencia a ir a votar el 1 de octubre. El diputado antisistema afirmó: "Después del 1 de octubre no habrá el enésimo debate procesista, sino que si gana el "sí" se pondrá en marcha la república catalana. Los que no quieran la república también están interpelados. Esta ley pone fin al proceso. Si la mayoría opta por la república catalana sabemos cómo y sabemos qué haremos el día después".
Las aguas bajan revueltas en el frente nacionalista. El PDeCAT recela de ERC por la reunión de Oriol Junqueras con Pablo Iglesias en casa del empresario Jaume Roures. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, afirma que parece que ERC trabaja ya para después del 1-O. Corominas no se refirió directamente al asunto en el "preestreno" de la ley "fundacional", pero advirtió de que quienes quieren excitar las discrepancias entre "soberanistas", no lo conseguirán.
Corominas se negó a entrar en explicaciones sobre los procedimientos parlamentarios que se seguirán para aprobar esta ley y la del referéndum. El frente separatista guarda sus planes bajo absoluto secreto para perjudicar la respuesta del Gobierno y los plazos del Constitucional.
La nacionalidad catalana
Como "constitución provisional", la ley "fundacional" regula aspectos capitales como la nacionalidad. Según la norma, los españoles empadronados en Cataluña antes del próximo el 31 de diciembre serán nacionales de Cataluña de manera inmediata. Los extranjeros con cinco años de residencia en Cataluña también tendrán pasaporte catalán y para quienes quieran conservar la nacionalidad española u optar a la doble nacionalidad, el Estado catalán establecerá convenios con el español.
El castellano, además de aranés, serán cooficiales, Puigdemont será el Jefe del Estado de manera provisional y los consejeros de la Generalidad gozarán de inmunidad.
El poder judicial y Mas, "amnistiado"
En cuanto al poder judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo catalán. El borrador contempla dos brazos judiciales, el dicho Supremo con un fiscal general elegido por el Parlamento catalán y una "comisión mixta" formada por jueces de ese Supremo y miembros de la consejería de Justicia.
Como primera providencia, las inhabilitaciones de Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega quedarían anuladas. Esta ley estaría en vigor durante los seis meses en los que se llevaría a cabo una elaboración de una Constitución abierta a la ciudadanía y la preparación de unas elecciones constituyentes en las que ERC y el PDeCAT concurrían por separado.
El Ejército, fuera
El Ejército sería inmediatamente expulsado de Cataluña y en posteriores leyes se concretaría la toma de control por parte de las fuerzas de seguridad catalanas de las infraestructuras básicas. Del debate social sobre la nueva Constitución, que será sometido a referéndum al tiempo que se celebran elecciones, surgirá el modelo de defensa de la república, que asume todos los tratados europeos, pero no aclara si se mantendrá en la OTAN o subrogará su defensa.
El nuevo Estado "heredaría" las estructuras del actual Estado en Cataluña, pero la norma no concreta el reparto de la deuda ni entra en detalles sobre los operativos de suplantación de contratos y adjudicaciones.