Rogelio Alonso, uno de los mayores expertos en materia terrorista, ha presentado en Es la Mañana de Federico su último libro La derrota del vencedor. En libro contiene documentos inéditos en los que ETA habla de su final inminente, debilitada durante la segunda legislatura de Aznar, o cómo el PP de Rajoy reconoce que han optado por un "final sucio" de la banda de asesinos.
Rogelio Alonso ha explicado que "el libro demuestra la derrota del vendedor" ya que "la democracia española ha tenido logros muy significativos en la lucha antiterrorista, gracias a políticas coactivas iniciadas en la segunda legislatura de Aznar". Gracias a esa política se consiguió "la ilegalización del brazo político de ETA y se fuerza a la organización terrorista a detener sus crímenes".
Sin embargo, "ha habido una dejación y falta de voluntad en los últimos cuatro gobiernos presididos por Zapatero y Rajoy para complementar esa derrota operativa con una derrota policial e ideológica". Rogelio ha recordado que "ETA no mataba por una pulsión emocional sino para imponer unos objetivos políticos nacionalistas". Por tanto, "si su violencia era política tiene unas consecuencias políticas" y en ese sentido "la verdadera derrota de ETA exigía un combate ideológico y político al que renunciaron Zapatero y Rajoy".
Rogelio Alonso ha recordado cuál era la postura de Rajoy frente al terrorismo mientras estaba en la oposición y cómo cambió "por completo" cuando llegó a La Moncloa. De hecho, "uno de los documentos inéditos que recoge el libro es cómo el propio gobierno del PP reconoce que ha optado por un final sucio de ETA". Es más, "la política del PP acepta lo que el propio partido llamó herencia envenenada de Zapatero y Rubalcaba", una política que se inicia "con unas negociaciones que no concluyen en 2008 sino que continúan hasta 2011".
Por ese entonces la negociación había cambiado, "ya no se trataba de dirigentes de ETA sentados cara a cara sino de una negociación con intermediarios y manteniendo un doble discurso". Lo que hace Rajoy al llegar al gobierno es "no aceptar la política antiterrorista que llevaba en su programa, la de Aznar". Una política, ha explicado Rogelio, que hace que ETA "hable en sus documentos de muerte política, vislumbraba un final por aniquilamiento y sólo se mantenía como moneda de cambio para el brazo político".
La política antiterrorista de Zapatero y Rajoy "se conforma sólo con que ETA deje de matar, algo que se había conseguido prácticamente en el período anterior". Así lo demuestran en 2004 "documentos reservados que dicen que ETA está prácticamente desaparecida y sólo puede ser rescatada si el PNV acude en su auxilio, algo que hacen tanto los nacionalistas vascos como el PSOE y que luego refrenda el PP".
¿Por qué lo hace el PP de Rajoy? En opinión de Rogelio Alonso "no tienen el liderazgo suficiente para defender una política antiterrorista que requiere numerosos sacrificios" ya que la violencia "el terrorismo de ETA no sólo es física sino psicológica, política, institucional, mediático…" En definitiva, "es la violencia que genera un clima de exclusión moral y política como el que existe hoy en la sociedad navarra y vasca".
Alonso ha explicado que el proceso de final de ETA "es una hoja de ruta que se ha negociado en Noruega y Suiza que se mantiene en privado aunque se niega en público". Según él, la prueba es que en esa hoja de ruta "hay una serie de concesiones que se han materializado, entre ellas la legalización del brazo político de ETA -que se hace en época de Zapatero a través de un fraude de Ley con un TC excediendo sus competencias-", pero que al llegar al poder el PP "no sólo no ilegaliza ese brazo como había prometido, sino que también legaliza a la otra parte, Sortu, y también de manera fraudulenta".
La prueba de que se ha decidido pasar por alto la legalidad para poder escribir este final de ETA son, según Alonso, "los homenajes a terroristas" que "se han sucedido en las calles durante todos estos años". Unos homenajes con los que "se está incumpliendo la ley, ya que hay dos leyes -una estatal y otra autonómica- que prohíben y obligan a la administración a no permitir estos actos de humillación a las víctimas".