La Generalidad dispuso de dos programas informáticos con un coste de 750.000 euros para robar los datos fiscales de los catalanes, según un informe de la Guardia Civil entregado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el golpe de Estado en Cataluña. La administración autonómica contrató con la empresa IBM la creación de un programa, el "back office SAP TRM", que permitía al organismo autonómico Agencia Tributaria de Cataluña que le permitía controlar y gestionar el IRPF y las cotizaciones sociales de miles de contribuyentes catalanes.
A tal efecto, la Agencia catalana se ofrecía como un "asesor fiscal" a los contribuyentes catalanes que quisieran ahorrarse trámites con Hacienda. La Agencia Tributaria de Cataluña, que formaba parte de las estructuras de Estado que preparaba el separatismo para la independencia, se encargaría de todo, de modo que aquellos ciudadanos que no quisieran tener tratos con el Estado podían cumplir con sus obligaciones tributarias a través de la Generalidad.
Según detalla la Guardia Civil, a cuyo informe ha tenido acceso Europa Press, en septiembre pasado se abrieron 32 oficinas de la Agencia Tributaria de Cataluña para "canalizar" los impuestos del Estado y se anunció que estaba a disposición de los contribuyentes una herramienta informática mucho más cómoda y potente que las ofrecidas por la administración tributaria estatal.
El coste inicial de la herramienta informática fue de 241.382,30 euros. El sistema fue desactivado y cancelado tras la aplicación del artículo 155, para lo cual el Estado tuvo que pagar otros 16.162,20 euros a la compañía informática.
Primer intento
Antes de la contratación del "back office SAP TRM", la Generalidad se había hecho con otro sistema de parecidas características en 2014. Se llamó "gestor de entradas" y tenía como objeto gestionar la aportación voluntaria de datos fiscales de los contribuyentes de Cataluña. La Generalidad pedía copias de la declaración de renta a quienes quisieran contribuir a la edificación de la república. El propósito de la administración autonómica era conseguir datos que le sirvieran para sus cálculos futuros.
El plan procedía de una campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) titulada "Declara en Cataluña", pero fueron muy pocos los ciudadanos que accedieron a facilitar sus datos a la administración regional, por lo que la herramienta tuvo una vida útil de sólo un año, si bien costó 511.720,95 euros.
Conferencia de Santiago Vidal
El juzgado 13 de Barcelona abrió diligencias a raíz de una conferencia del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, que llegó a declarar ante medio centenar de personas afectas al independentismo que la Generalidad disponía de los datos fiscales de todos los catalanes y estaba en disposición de asumir de inmediato la gestión y recaudación de todos los tributos.
La Guardia Civil considera que las autoridades autonómicas habría incurrido en malversación al destinar fondos para unas competencias de las que carecían. A las cantidades referidas se deben sumar los 3,6 millones ya contabilizados en actividades organizativas del referéndum ilegal del 1-O.