La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, ha defendido durante el juicio contra los golpistas que hubo "violencia, acoso y coacciones" en el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre y en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Saénz de Santamaría ha comparecido como testigo en el Tribunal Supremo y comenzaba su intervención respondiendo a la acusación popular que ejerce Vox. Ha negado que el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy "negociara" con la Generalidad de Carles Puigdemont un referéndum pactado. Según la dirigente popular, se reunió en 3 ocasiones con el entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, sobre otros asuntos relacionados con la comunidad autónoma porque no podía haber "diálogo sobre la soberanía de España".
"Yo sé lo que es vivir un escrache. Y lo que se vivió en Cataluña no fue un escrache. Fue un acoso violento", sostenía mientras añadía que "si no se hubiera convocado a la gente para hacer de murallas para impedir a quien estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum, quizá no las habríamos visto". Hubo un "acoso generalizado y sistemático" de los independentistas, con "amenazas y coacciones a concejales", concluía sobre este asunto.
Además, defendía la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "No somos expertos en procesos judiciales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con su profesionalidad saben hacerlo muy bien. La decisión de la proporcionalidad no me corresponde a mí. En dispositivos policiales se han visto muchas cosas y siempre me han parecido muy medidos y muy proporcionales".
En referencia al Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sáenz de Santamaría afirmaba tajante: "Un gobierno democrático respeta la libertad de expresión y la libertad ideológica y tiene que defender el imperio de la ley. Lo que no puede es incumplir la ley y las decisiones judiciales, lo que no puede es generar episodios violentos en los que se conculque la democracia".
La exvicepresidenta del Gobierno rechazaba también que la denominada Declaración Unilateral de Independencia fuera meramente simbólica a preguntas del fiscal Javier Zaragoza: "No, por eso aplicamos el artículo 155. Por supuesto tuvimos en cuenta que había un riesgo grave de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Había una vulneración muy grave del orden constitucional".