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Absuelven a los miembros de la "junta electoral" golpista del 1-O

Un juzgado de Barcelona sentencia que no hicieron nada tras el aviso del Constitucional de que les impondría una multa de 12.000 euros diarios.

Un juzgado de Barcelona sentencia que no hicieron nada tras el aviso del Constitucional de que les impondría una multa de 12.000 euros diarios.
Muchos de los centros designados para la votación del referéndum secesionista han permanecido abiertos ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra. | LD

Los cinco miembros de la "junta electoral" del referéndum del 1-O nombrados por el gobierno de la Generalidad semana antes del golpe de Estado separatista han sido absueltos por el juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La sentencia considera que los "síndicos" no dieron instrucciones ni malversaron dinero alguno después de ser apercibidos por el Tribunal Constitucional, que les informó de que podrían ser sancionados con una multa de 12.000 euros diarios mientras se mantuvieran en sus funciones ilegales.

La advertencia del TC resultó providencial, toda vez que los cinco miembros de la "sindicatura electoral" decidieron al unísono renunciar a los cargos para los que habían sido nombrados por el gobierno de los golpistas Puigdemont y Junqueras. Según la sentencia, no se ha probado ninguna actuación de los procesados posterior a la comunicación del Constitucional.

Los absueltos son el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, Jordi Matas, que presidió la efímera sindicatura, la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra Tània Verge, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Marc Marsal, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Pagès y la abogada Marta Alsina.

Fueron contactados por la Generalidad a finales de agosto y convocados a una reunión en el Parlament el 12 de septiembre, donde, aseguran, un funcionario les informó de que las leyes de desconexión habían sido suspendidas. Sus defensas alegaron que ni antes ni después de esa fecha ejercieron función alguna en la organización y supervisión de la votación ilegal, si bien sus nombres fueron publicados en la web del referéndum.

La Fiscalía pedía dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas, delitos que el juez no ha considerado probados. A pesar de que desistieron tras ser avisados de la cuantiosa multa económica, los cinco "síndicos" fueron tratados y agasajados como "héroes" por el separatismo.

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