La estrategia de la defensa de Quim Torra, que dirige Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, no ha dado buenos resultados. Los desplantes, las declaraciones altisonantes en las redes sociales y los amagos de desacato no han favorecido a Torra, que ha recibido este miércoles dos nuevos varapalos judiciales. Por un lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso contra su primera condena por desobediencia, la que le costó el cargo. Por otro, un juzgado de Barcelona le ha condenado a otros quince meses de inhabilitación y el pago de una multa de cien euros diarios durante ocho meses.
El "pleno" de Torra deriva de su negativa a descolgar las pancartas y símbolos propagandísticos separatistas del balcón de la facha de la Generalidad. La primera vez, en la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019. La acabó descolgando, pero fuera de plazo. La segunda vez, con ocasión de la repetición de las generales en noviembre de ese mismo año. Y pasó lo mismo. La pancarta fue retirada.
En primera instancia fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. El fallo, quince meses de inhabilitación y multa de treinta mil euros. Hace pocos días que el TSJC había dado por cumplida la pena que le costó el cargo de presidente de la Generalidad para alivio más de propios que de extraños. Ahora ha sido el juzgado de lo penal número seis, cuya titular impone otros quince meses de inhabilitación más el pago de una multa de cien euros diarios por desobedecer al TSJC.
Torra se negó a presentarse en el juicio, que se celebró en presencia de su abogado, quien declinó cuestionar al tribunal como sí hizo el expresidente regional al tachar la vista de "farsa". A pesar de los tropezones judiciales, Torra no desiste de chocar con la justicia y ahora acaba de demandar a Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por el espionaje a independentistas.