Los separatistas siguen avanzando en sus exigencias para convertir, en este caso Cataluña, en un territorio sin lengua española. La última petición a Pedro Sánchez se ha centrado en los exámenes de conducir. Los separatistas consideran que se trata de un reducto con exceso de personal que habla en castellano y que debe abrirse camino el catalán como lengua de los exámenes. La exigencia ha sido registrada en el Congreso de los Diputados por Junts, aunque cuenta con la simpatía de todo el resto de formaciones separatistas.
Junts señala que "la Dirección General de Tráfico (DGT) es un órgano directivo que depende de la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior y tiene atribuida la competencia para la organización de pruebas de aptitud para las autorizaciones administrativas de conducción, incluida la formación de examinadores". La formación separatista añade que "las pruebas de aptitud para la conducción están previstas en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba la Ley de tráfico, y están reguladas, concretamente, en el Real Decreto 808/2019, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. En base a esta normativa corresponde a la Subdirección General de Formación y Educación Viaria la formación de conductores y la organización de pruebas de aptitud".
Junts afirma que "el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, publica en el BOE los procesos de selección del Cuerpo General Administrativo del Estado, especialidad tráfico, la selección de la cual se encarga a la Dirección General de Tráfico" y que "en estas resoluciones no se prevé como requisito ni como mérito el conocimiento de alguna de las lenguas cooficiales del Estado. En la relación de los puestos de trabajo de funcionarios del Ministerio del Interior consta que, en algunos puestos de operador de información y jefe de sección, se prevé como mérito relevante el conocimiento de la lengua cooficial, pero en ningún caso para los puestos de examinador o examinadora".
El partido defiende que "como personal funcionario de la Administración del Estado, las personas que ocupan puestos de trabajo de examinadores de la Dirección General de Tráfico están sujetas a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" y que el artículo 54.11 de esta ley prevé que los trabajadores públicos "garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio".
Por eso, los separatistas insisten en la necesidad de exámenes en catalán. Porque, dicen, "en la mayoría de los exámenes prácticos no se faculta a los alumnos la opción de solicitar la prueba en ninguna otra lengua cooficial". Y en base a todo ello, Junts reclama a Sánchez que garantice "que durante la realización del examen práctico los ciudadanos puedan expresarse y ser atendidos en la lengua oficial de su elección, diferente del castellano, siempre que sea lengua oficial en el territorio donde se examinan".