Batería de exigencias del separatismo. El turno le ha tocado ahora al PNV, que ha registrado de golpe todo un paquete de reformas que le harían multiplicar su poder a escala nacional gracias a favorecer la investidura de Pedro Sánchez. Y los focos de poder no serían menores: en el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el CNI y el control de los secretos oficiales.
El listado de registro de iniciativas parlamentarias ha tenido un repentino despertar. Un impulso, todo él, en dirección hacia la ganancias del PNV en el control de cuatro áreas que consideran decisivas.
Así, ese registro recopila en estos momentos la "Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023-"; la "Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023"; la "Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial", del PNV -presentada "el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023"; y la "Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia", del PNV -presentada el 29/08/2023 y calificada el 05/09/2023.
Todas las normas tienen un mismo sentido: incrementar el peso, decisión y capacidad de control del PNV de organismos clave nacionales. Y han entrado como precio de emergencia de lo obvio: de una posible investidura del futuro presidente de España.
Y todo ello sucede mientras Junts pide a Sánchez amnistía para los delincuentes separatistas y un referéndum para romper España. ERC lo mismo. Bildu exactamente igual. Y el PNV también, pero, de nuevo, con un plan más sibilino y elaborado: un mecanismo que permitiría a los separatistas, no sólo ser nación, sino, además, permanecer en la UE y en el sistema de absorción de fondos fiscales españoles pese a poder hacer básicamente lo que quisieran. Un plan "plurinacional" con salida "autodeterminada" y pacto inmediato de permanencia administrativa. Todo, para salir de España pero seguir viviendo de maravilla gracias a la odiada España. Y, si el plan es ese, evidentemente no quieren que esa odiada España sea controlada por otros -desde sus instituciones clave- que ellos mismos.
El PNV tiene hechos los deberes ya en esta materia. Y es que ha tramitado parte de estos planes en el Parlamento Vasco bajo la forma de una reforma de su estatuto de autonomía. Ahora, el mismo PNV ha pedido al Gobierno que adopte sus planes, que, evidentemente, implican una reforma constitucional radicalmente ilegal por la puerta de atrás y sin cumplir con las propias exigencias del blindaje constitucional, pero que el ministro de Presciencia, Félix Bolaños, ha calificado ya de aspiraciones "legítimas". Y ese plan consiste en una auténtica locura que dejaría España compuesta por una pluralidad de naciones unidas en un ente administrativo sin fuerza alguna por voluntad propia y sin capacidad real de armonización ni legal, ni judicial, ni presupuestaria, ni de asistencia social, ni de nada de lo que compone un país. Y, encima, a la vista de las iniciativas legislativas de los vascos, con una amplia cuota de control del PNV en el TC, el Poder Judicial, el CNI y los secretos oficiales nacionales.