La Generalidad de Cataluña gestionará la inmigración en la región. Ese ha sido uno de los pagos políticos que el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que aceptar ayer jueves en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante dos de los tres decretos ley que llevó a la Cámara. El voto de Junts, el partido de Carles Puigdemont, era decisivo y negociaron fuerte con un Ejecutivo que temía perder las tres votaciones parlamentarias.
Una cesión que ha provocado un gran enfado en el seno de la Policía Nacional, no sólo porque supone ceder a una comunidad autónoma una competencia de Estado, sino porque son los agentes de este cuerpo los que tienen encomendada buena parte de las tareas relacionadas con la gestión de la inmigración y todo hace indicar que serán sustituidos en sus funciones por los Mossos d´Esquadra.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los dos mayoritarios en la Policía Nacional, ha denunciado en las últimas horas que "este traspaso de competencias supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña" y ha advertido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos".
"No podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras. Por eso una disgregación interna en España, corrompe el espíritu europeo. Ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, ceder no es progresar", han censurado desde el sindicato policial, que también ha adelantado que piensan pedir amparo a la UE.
Justicia Policial (JUPOL), el otro sindicato mayoritario, ha mostrado su "más rotunda repulsa" al anuncio de cesión de la competencia de inmigración a la Generalidad de Cataluña y ha recordado que son "unas competencias que hasta ahora eran exclusivas de la Policía Nacional para todo el territorio nacional" y que este traspaso se realizaría "sin atender en ningún caso a criterios técnico y/o operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas".
A juicio de este sindicato, supone "un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán". "Supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra", han mantenido.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha recordado que la competencia de inmigración está reservada para el Estado en la Constitución y que esta cesión supone abrir "la puerta al desguace competencial del Estado". También denuncia que este traspaso competencial "no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades" sino a la "aplicación de un criterio de conveniencia política".