La cuestión prejudicial que presente el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Ley de amnistía sobre el 1-O evitará la candidatura de Oriol Junqueras para las próximas elecciones autonómicas catalanas.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la cuestión prejudicial dejará en suspenso la ejecución de condena del Supremo contra Junqueras por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero no archivará el procedimiento. De esta forma, la pena de inhabilitación de 13 años contra el exvicepresidente catalán que termina en el 2031 se mantendrá hasta que se conozca la resolución final del TJUE ". La pena de prisión de 13 años contra Junqueras por sedición y malversación ya fue indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el TJUE tarda en resolver las cuestiones prejudiciales un año y medio aproximadamente y por lo tanto, Junqueras no podría presentar su candidatura para optar a la presidencia de la Generalidad de Cataluña por ERC en los próximos comicios de esta Comunidad Autónoma al seguir vigente su pena de inhabilitación".
Además de la pugna política entre el partido Junts del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y ERC, existe otro conflicto interno en este último partido por su liderazgo, entre Junqueras y el actual presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès. En principio, las próximas elecciones en Cataluña tendrían que celebrarse en 2025, pero no se descarta un adelanto electoral por parte de Aragonés con el objetivo de evitar la candidatura de Junqueras y dejarle fuera de juego.
Tal y como publicó este diario, mejor suerte correrá con la presentación de la cuestión prejudicial del Supremo Carles Puigdemont, ya que podrá volver a España al día siguiente de que se apruebe la Ley de la amnistía sobre el 1-O en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las órdenes de detención contra él decaerían y no se le podrían imponer medidas cautelares, ya que su situación procesal es distinta a la de Junqueras, que ya ha sido juzgado y condenado por el Alto Tribunal.
En este contexto, no se descarta que el instructor de la causa del 1-O Pablo Llarena pudiera citar a Puigdemont u obligarle a comparecer para comunicarle su situación procesal oficiando incluso a los mossos a tal efecto. No obstante, posteriormente quedaría previsiblemente en libertad como sucedió con la exconsejera catalana fugada Clara Ponsatí, al no tener el magistrado margen de actuación alguna al estar amnistiado en ese momento.
Recordamos que tras la condena del Tribunal Supremo del octubre de 2019 contra los golpistas de 1-O, el Ejecutivo socialista les indultó las penas de prisión y posteriormente, eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación para beneficiarles. Por último, presentaron la Ley que les amnistía a cambio de que ERC y Junts apoyasen la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.
Cuestión de inconstitucionalidad
Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "el Supremo también tendría la posibilidad de presentar en paralelo una cuestión de inconstitucionalidad contra la aplicación de la Ley de amnistía del 1-O que tendría que dirimir el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido". Una norma en la que ha colaborado el propio Conde-Pumpido para asegurar que el tribunal avala su constitucionalidad, tal y como desveló LD.
Otra opción del Alto Tribunal sería presentar una segunda cuestión prejudicial ante el TJUE contra la clausula que elimina el efecto suspensivo de la aplicación de la Ley de amnistía cuando se presente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. Dicha cláusula recoge textualmente lo siguiente: "En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones".
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