En medio del debate sobre la amnistía y los delitos de terrorismo en el sumario del Tsunami Democràtic, la Audiencia de Barcelona ha decidido enviar a juicio a 46 agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el despliegue para hacer frente al golpe de Estado separatista del 1 de octubre de 2017. La audiencia ha confirmado en gran parte el auto del juez Francisco Miralles, titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que se acordó el procesamiento de 45 agentes. Con posterioridad se añadieron dos policías más. Y uno de los procesados falleció.
Según el juez Miralles, esos policías podrían haber incurrido en delitos leves o menos graves de lesiones "sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar". Dichos artículos aluden a las torturas y a los atentados contra la integridad moral de las personas.
En su auto, el juez instructor llega a acusar a algunos agentes de haber practicado una "violencia gratuita" y "denigrante", así como no haberse ceñido a los protocolos policiales. También señaló que utilizaron la fuerza física antes de proceder a la negociación y la intimidación de los congregados. Todo ello en base a las imágenes aportadas por las acusaciones, unos vídeos en los que también se puede apreciar como los independentistas utilizaron a niños y ancianos a modo de parapetos humanos.
La Audiencia de Barcelona ha rechazado todos los recursos de apelación, tanto de los letrados de los agentes como de la acusación.