El 21 de febrero de 2024 estalló con toda crudeza un presunto caso de corrupción —Operación Delorme— por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus cuyas ramificaciones podrían golpear al núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez y a su partido.
Tanto en Ferraz como en Moncloa han saltado las alarmas y la defensa, en estos momentos, consiste en negar tener conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de Koldo García y en atacar, de nuevo, a un ciudadano particular, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuyo caso fue investigado tanto por la Fiscalía española como la europea y archivado sin que se encontrase ningún indicio de ilícito penal.
Origen del caso
La detención de Koldo García y otras 20 personas —entre las que se encuentran su mujer y un hermano— dentro de unas diligencias de investigación de la Audiencia Nacional por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, tiene su origen en una denuncia del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid por una docena de contratos por valor de 326 millones de euros, relacionados con José Luis Ábalos, el propio presidente del Gobierno o la entonces ministra Nadia Calviño.
Más concretamente, el PP de Madrid hacía hincapié en los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, que pasó de una cifra de negocio de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020, fruto de las adjudicaciones públicas directas relacionados con la covid-19. En la denuncia del PP se citaban dos contratos que se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia —uno de 24.200.000 € y otro de 12.500.000 €, IVA incluido— para el suministro de mascarillas. El primero adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado y el segundo por ADIF, ambos organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
¿Hasta dónde llega la trama?
De lo que ha trascendido hasta ahora del caso, entre las administraciones directamente afectadas por las actividades presuntamente corruptas de Koldo estarían el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Sanidad y dos CCAA que entonces estaban presididas por el PSOE: Canarias y Baleares.
Por lo tanto el caso Koldo afecta, en primer lugar, al exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y hoy diputado raso del PSOE José Luis Ábalos, dado que Koldo era su mano derecha y persona de confianza incluso antes de que fuese nombrado ministro por Pedro Sánchez y hasta su abrupta salida del Gobierno en julio de 2021, que algunos ahora relacionan precisamente con las dudosas actividades de su mano derecha.
De hecho el caso Koldo bien podría convertirse en el caso Ábalos… o en el caso Sánchez, en caso de que se pudiese demostrar que el presidente del Gobierno tuvo conocimiento de las actividades presuntamente ilícitas de Koldo y por ese motivo lo cesó como ministro.
En segundo lugar, otro ministro directamente afectado es Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, que admitió en una respuesta parlamentaria en 2020 que fue José Luis Ábalos el que le recomendó contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL la adquisición de material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma.
En este caso, en la denuncia presentada por el PP de Madrid se señala la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, de un contrato para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, par un valor de 3.479.355 € , IVA incluido.
En cuanto al Ministerio de Sanidad, al frente del cual estaba entonces Salvador Illa, hoy con aspiraciones a ganar las próximas elecciones de Cataluña al frente del PSC —culminación del plan maestro de Pedro Sánchez para justificar la necesidad de "pacificar" la comunidad autónoma a cambio de un pacto corrupto que incluye la impunidad de la amnistía por los votos para seguir en Moncloa— se vería implicado porque el exministro de Sanidad incluyó a la empresa de Koldo en un megacontrato sanitario de 2.578 millones de euros.
El megacontrato que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020 tenía el objetivo de centralizar las compras de mascarillas, test y guantes en toda España. Según avanzó Voz Pópuli, un total de 155 empresas pelearon por la licitación, que finalmente se adjudicó a 72 empresas. Entre las elegidas estaba la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por la multinacional Ferrovial y la empresa del lugarteniente de Ábalos, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, que no contaba con experiencia en el sector y por aquel entonces tenía cinco trabajadores.
También aparecen en la investigación del caso la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres por haber adjudicado a la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, contratos por 10 millones de euros cuando ambos eran presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente.
Por último, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también se está viendo salpicado puesto que fue él el que se trajo al por entonces militante del PSN desde Navarra a Madrid en 2017 y el que se lo traspasó a Ábalos para que fuese su hombre de confianza. De hecho Koldo García y Santos Cerdán tienen biografías parecidas. Ambos habían sido concejales en dos localidades navarras y, además, contaban en el momento en el que se conocieron con doble militancia: PSOE y UGT. El salto a Madrid lo dan en 2017, cuando Sánchez, tras ser destituido por el Comité Federal, se propone volver a la secretaría general mediante unas primarias. En el núcleo duro de ese sanchismo primigenio ya está, siempre en segunda fila, Santos Cerdán. Y Koldo fue, precisamente, el custodio de los avales de Pedro Sánchez en esas primarias.
Relación con otros casos de corrupción del PSOE
La operación que ha culminó con la detención, de momento, de Koldo García y otras veinte personas ha destapado la relación del que fue mano derecha del exministro Ábalos con otras casos muy sonados que afectaron al Gobierno de Sánchez y al PSOE: concretamente el caso Delcy y el conocido como caso Mediador o del Tito Berni.
En relación con el primero, Koldo García fue quien acompañó a Ábalos en 2020 durante el llamado Delcygate, el escándalo que saltó con la llegada a España de la vicepresidenta del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en enero de 2020, a pesar de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. Ambos se presentaron en el aeropuerto de Barajas, donde se reunieron con ella en secreto antes de que partiera hacia Doha en un vuelo comercial desde la T4. Al caso se le dio definitivamente carpetazo en abril de 2021 por la Audiencia Provincial de Madrid que concluyó que "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo" en los hechos averiguados.
En cuanto al caso Mediador o del Tito Berni, como se conocía en la trama al ya exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, mediador en la trama, ya contó cómo se compraron mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus a las empresas que señalaba directamente José Luis Ábalos.
Es más, el mediador transmitía a Canarias las órdenes que le daba directamente Ábalos sobre compra de mascarillas y, aunque con evasivas, señala a la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, como contó en una entrevista en The Objective.