El sanchismo reniega ahora del jurado popular: ¿también hay lawfare cuando te juzga el pueblo?

La decisión del juez Peinado de iniciar procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se sienten en el banquillo de los acusados por malversación de caudales públicos ante un jurado popular pone de actualidad la figura del Tribunal del Jurado, una forma de participación popular en la Administración de la Justicia para determinados delitos recogida en el artículo 125 de la Constitución Española y regulada en la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

La decisión del juez Peinado ha sacado a la luz las contradicciones del discurso del lawfare que mantiene el Gobierno desde que se iniciaron los casos contra el entorno de Pedro Sánchez. Así, la polémica se centra ahora en si la decisión del juez viene determinada por el hecho de que un tribunal profesional jamás condenaría a la mujer del presidente, y que por ello prefiere utilizar la institución del jurado popular, una figura que fue siempre defendida por la izquierda —era una forma de democratizar la Justicia—. Además, el borrador de la ley fue redactado por el magistrado izquierdista Luciano Varela.

Así, ya han empezado a manifestarse en redes sociales periodistas de lo que se conoce como "equipo de opinión sincronizada", poniéndose la venda antes de la herida y dando por hecho que un jurado condenaría por malversación a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín.

"El juez Peinado, consciente de que ningún tribunal profesional condenaría a Begoña Gómez, maniobra para someterla a un jurado popular. Es tremendo", escribe Pedro Jiménez de la Cadena SER en X. El verbo utilizado, "someterla", lo dice todo: como si fuese a sentar a Begoña Gómez en un potro de tortura.

El también periodista Hugo Pereira señala que, aunque el jurado se elige por sorteo, "ante un caso tan mediático, es casi imposible garantizar la imparcialidad de tal jurado".

Mientras, Javier Ruiz, desde RTVE, lanza ya las consignas a seguir, y habla directamente de que la decisión de hoy del juez Peinado es "literalmente una amenaza". Es decir: no es "una comunicación de apertura de juicio" sino "una amenaza de apertura de juicio", dice Ruiz.

Mientras tanto, el Gobierno ha puesto en marcha su propio argumentario, pues la decisión del juez no ha sentado bien al Ejecutivo, que se sometía hoy a la Sesión de Control en el Congreso y que ha recibido la noticia con estupor y nerviosismo.

Cambiando su discurso del lawfare, Félix Bolaños ha señalado que "en España, el sistema judicial es garantista y un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo", mientras Pilar Alegría aseveraba que la decisión de sentar a Begoña Gómez ante un jurado popular "es surrealista, se califica por sí sola". Así, uno detrás de otro los ministros iban criticando la propuesta del juez Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.

Resulta curioso el cambio de argumentario del Ejecutivo, para el que ahora los tribunales son el summum de la profesionalidad y la imparcialidad, mientras el Tribunal del Jurado ha pasado a ser objeto de las críticas de lawfare que llevan sufriendo los jueces desde hace meses.

Precisamente en este sentido se ha manifestado el popular Jaime de los Santos desde su escaño en el Congreso: "La mujer de Sánchez en el banquillo y la juzgará el pueblo, ya no podrán hablar de lawfare". Se equivoca el diputado popular: la decisión del juez la ven como una maniobra para hurtar la decisión de juzgar a Begoña a un tribunal, ahora sí, profesional e imparcial.

En este punto está ahora el debate, mientras el presidente Pedro Sánchez, desde Nueva York, ha cancelado dos entrevistas que tenía previstas en medios estadounidenses —la CNN y Bloomberg— por "cambios de última hora" en la agenda.