Cuando se cumplen dos meses del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el mayor siniestro de este tipo en los últimos años en España, las víctimas denuncian que continúan completamente solas frente a la Administración. Ni una llamada, ni un correo, ni un contacto directo: el organismo estatal encargado de asistirlas no ha dado señales de vida.
Así lo trasladan varios afectados a ABC, donde apuntan al Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes en el transporte, dependiente del Ministerio de Transportes, como principal responsable de esta situación. Este ente, dirigido por Fernando Moreno desde agosto de 2025, fue creado precisamente para dar respuesta a tragedias como la de Adamuz.
Ausencia total de contacto institucional
Sin embargo, la realidad que describen los perjudicados dista mucho de ese objetivo. Mario Samper, portavoz de la plataforma de víctimas, lo explica con claridad: "Hasta el momento nadie de esa oficina se ha puesto en contacto con nosotros. Tenemos conocimiento, creemos, que esa oficina está funcionando desde el accidente de Angrois, se creó específicamente para la atención a víctimas de accidentes de este tipo pero nos han explicado, desde otro ente que no es el ministerio, que esta oficina está creada pero no se le ha dotado de los protocolos necesarios para actuar".
Ante este vacío institucional, los propios afectados han tenido que organizarse. El propio Samper, superviviente del accidente, se ha volcado en coordinar ayudas y servir de enlace entre los damnificados, en ausencia de una estructura pública que debería haber asumido ese papel desde el primer momento.
El problema, según las explicaciones trasladadas por el Ministerio, radica en la falta de procedimientos internos. Durante una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, los responsables del área admitieron que no existen protocolos definidos que permitan activar los mecanismos de atención a víctimas.
Protocolos inexistentes tras la reforma
Una justificación que no convence a quienes siguen esperando apoyo. "Nos parece absurdo porque, bueno, si no hay protocolo, quien esté al frente de esta oficina debería haberlo pedido. Necesitamos la creación de una oficina que atienda a las víctimas. Como no sabemos que exista, o creemos que existe, pero no la conocemos, pues por eso pedimos que se cree", insiste Samper en declaraciones recogidas por ABC.
El origen de esta situación se remonta a la reestructuración aprobada en verano de 2025. El Boletín Oficial del Estado (BOE) formalizó entonces la desaparición de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, cuyas competencias pasaron a integrarse en el actual Observatorio. Sobre el papel, este nuevo organismo asumía funciones clave como la coordinación en situaciones de crisis, la atención directa a víctimas y la elaboración de protocolos de actuación.
De hecho, el propio texto oficial establecía como una de sus tareas principales la "aprobación de los protocolos que aseguren una adecuada asistencia a las víctimas y a sus familiares tras un accidente". Casi un año después, esa obligación sigue sin cumplirse.
Además, entre sus competencias figuraban también la elaboración de estudios preventivos y la supervisión de medidas para mitigar riesgos en infraestructuras de transporte. Un conjunto de responsabilidades que, a la vista de lo ocurrido en Adamuz, quedan en entredicho.
No es la primera vez que las víctimas de una tragedia denuncian abandono institucional, pero en este caso la polémica adquiere un matiz especialmente grave: el organismo creado para evitar precisamente esa desprotección no ha llegado siquiera a activarse. Mientras tanto, los afectados siguen esperando una respuesta que, dos meses después, aún no ha llegado.