La Fiscalía Anticorrupción apunta a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, por ejercer "intimidación institucional" contra agentes de la Unidad mediante el uso de informaciones reservadas.
Este jueves el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a ambos altos mandos en la causa en la que se investiga la presunta cloaca constituida para obstaculizar los procesos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos están llamados a declarar el próximo 16 de julio.
"En este caso, si llegara a acreditarse que las denominadas informaciones reservadas no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria y pasan a convertirse en una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras, la potestad disciplinaria deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional", señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción remitido al juez Pedraz, al que ha tenido acceso Libertad Digital, y en el que se solicitaba al magistrado su imputación.
Además la Fiscalía Anticorrupción entiende que "la apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial".
"La presión no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen".
Anticorrupción precisa que si las informaciones reservadas coinciden temporalmente "con actuaciones relevantes de la investigación penal" y no cuentan con una justificación objetiva "genera un clima de incertidumbre profesional objetivamente idóneo para provocar autocensura, inhibición o moderación en el ejercicio de las funciones investigadoras". Es por eso que la Fiscalía considera que el efecto desaliento "constituye la manifestación contemporánea de la intimidación institucional".
Además, la entidad explica que la apertura de estas informaciones reservadas "exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia" puede "constituir un indicio especialmente significativo de que la finalidad real perseguida no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones".
"La utilización desviada, en su caso, del poder disciplinario presenta, además, una singular capacidad coactiva por cuanto procede precisamente de quien ostenta una posición de superioridad jerárquica sobre el investigador, circunstancia que incrementa objetivamente la eficacia intimidatoria de la actuación desplegada".
Por todo ello, Anticorrupción concluye sobre este apartado que los datos que obran en la causa "pueden llegar a integrar la intimidación exigida por el artículo 464.1 del Código Penal si su finalidad fue condicionar, obstaculizar o alterar la libertad con la que aquellos debían desarrollar su actuación procesal".
Diligencias de Pedraz
Al margen de la imputación de ambos altos cargos de la Guardia Civil el magistrado también ha pedido al PSOE que identifique a la persona que contrató en el partido los servicios de asesoramiento jurídico del abogado de las cloacas Jacobo Teijelo.
Además, también ha pedido a la empresa Residuos Urbanos de Jaén que aporte "de forma inmediata" la relación laboral que la compañía ha mantenido con Miriam Serrano y la documentación relacionada con su proceso de selección.
Por otro lado, también ha añadido a la causa la información del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos, el ex alto cargo del régimen bolivariano de Venezuela de Hugo Chávez y las declaraciones de Carmen Pano en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.
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