Pedro Sánchez, David Sánchez, Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Álvaro García Ortiz, Santos Cerdán y Leire Díez tienen demasiadas cosas en común. Tantas que parecen reses de la misma ganadería. Comparten una visión patrimonialista del poder, una concepción personalista del servicio público, esa necesidad de aparentar una valía profesional que no atesoran, una idea de la lealtad basada en el servilismo y una cínica desenvoltura con la que menosprecian a cuantos se interponen en su labor.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha declarado a David Sánchez Pérez-Castejón autor, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa, con nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Lo que esta sentencia deja al descubierto no es un tropiezo aislado, sino el reflejo de cómo una parte del entorno del poder ha convertido lo público en un espacio de lucro personal.
El patrón que describe el tribunal no habla de un error administrativo, sino de un círculo en el que los cargos, las comisiones y los afectos se mezclan como si todo fuera lo mismo. Estamos hablando de personas que difícilmente habrían prosperado más allá de un puesto intermedio en una empresa privada, pero que han terminado gestionando importantes parcelas de poder en el Estado como si fueran suyas. No es un negocio en el sentido literal, pero funciona con la misma lógica: rentas de posición que no se sostienen en el mérito ni en la capacidad, sino en el apellido y en la lealtad.
El Gobierno como tribunal propio
Ante esta evidencia judicial, la reacción del Ejecutivo no ha sido reveladora. En lugar de esperar, estudiar la sentencia y pronunciarse con conocimiento de causa, varios miembros del Gobierno salieron a defender la inocencia de David Sánchez sin haberse leído los 377 folios de la resolución. Es una forma sutil, pero muy concreta, de arrogarse funciones que no le corresponden: mientras los tribunales dictan sentencias tras instrucción, pruebas y vista oral, el Gobierno emite su propio veredicto público de manera instantánea, sin sumario, sin autos y sin necesidad de haber examinado nada.
Y para allanar el terreno, se lanza de inmediato la sombra del lawfare sobre los jueces que han firmado la condena, pese a que ni siquiera el abogado del propio condenado sostiene esa tesis.
Lo verdaderamente inédito de este episodio interminable es que la corrupción, tradicionalmente asociada en España a las siglas de un partido, empieza a adquirir rasgos de algo distinto: un entramado familiar. El hermano condenado por prevaricación es solo la primera pieza que cae dentro de ese círculo íntimo. La causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente, avanza hacia un juicio por varios delitos de corrupción. Y sobre el propio Sánchez planea la sospecha de pretender desactivar todas estas causas mediante la creación de una cloaca mafiosa.
Lo que hace distinta esta condena es que, por primera vez, los contrapesos del sistema han funcionado sobre alguien que forma parte del núcleo familiar del presidente. La ficción de la persecución injusta, del dirigente acosado sin motivo, se resquebraja cuando son tres magistrados —no un editorial, no un tuit, no un rival político— quienes, tras examinar pruebas y escuchar testimonios durante días, concluyen que hubo prevaricación.
La sentencia puede recurrirse, y previsiblemente lo será, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, si hace falta, ante el Supremo. Pero cada escalón que ratifique lo ya resuelto en Badajoz debilitará todavía más el relato de la conspiración judicial y reforzará lo que saben cada vez más españoles: que el poder, cuando se ejerce desde la mediocridad, con codicia y sin control, tiende indefectiblemente hacia el delito.