Pedro Sánchez ha visto cómo a lo largo de 2026 las causas judiciales que cercaban a su partido han ido avanzando y ha terminado antes del parón veraniego con un exministro en prisión y un hermano condenado. No obstante todavía le quedan otros frentes abiertos como el caso Plus Ultra, el caso Begoña Gómez o el caso por el que se investigan las presuntas cloacas socialistas para obstaculizar procesos judiciales.
La mujer del presidente del Gobierno se encuentra inmersa en un proceso judicial con el juez Juan Carlos Peinado. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de Gómez para ser juzgada por jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación. Junto a ella también se encuentra procesada su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés aunque este último evitó por el momento el juicio.
No obstante, el juez Peinado cumplirá en el mes de septiembre 72 años, la edad máxima para seguir ejerciendo, por lo que aún no se sabe si será el magistrado que dé el paso definitivo de abrir juicio contra Begoña Gómez. De igual manera, Peinado dio al nuevo abogado de Begoña Gómez hasta septiembre para presentar su escrito de defensa y poder conocer los detalles que envuelven el caso por lo que aún está pendiente de recepción ese documento.
Cloacas del PSOE
El otro caso que afecta al gobierno tiene que ver con las presuntas cloacas del partido socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afecten al entorno del PSOE o al propio Pedro Sánchez y que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En este caso ya han declarado una amplia batería de testigos y acusados durante las primeras semanas del mes de julio pero todavía faltan por escucharse varios testimonios y por fijar varias declaraciones.
Leire Díez, la fontanera socialista, aún no tiene fecha para su declaración como imputada ya que el juez Pedraz señaló que no fijaría una hasta que no se resuelva el conflicto de competencias con los Juzgados de Plaza de Castilla. Sin embargo, esta semana el magistrado Arturo Zamarriego ha cedido y ha enviado la totalidad de la causa a la Audiencia Nacional por lo que Pedraz podrá empezar a barajar fechas para citar a la fontanera como imputada.
El próximo paso dentro de este caso está fijado para el 18 de agosto cuando el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano tenga que acudir ante el juez Pedraz para entregarle su teléfono móvil.
Caso Plus Ultra
Por otro lado, el pasado mes de mayo estalló el caso Plus Ultra al conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional situó a Zapatero como el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relacionada con el rescate millonario de la aerolínea.
El expresidente tuvo la oportunidad de declarar ante el juez el 17 de junio y le aseguró que no había participado en ninguna actividad delictiva y que no había ejercido ninguna influencia sobre el rescate de Plus Ultra. Además, Zapatero subrayó que no tuvo relación directa con la aerolínea aunque sí que conocía a su presidente, Julio Martínez Sola. No obstante, Julio Martínez Mártinez, pagador y amigo de Zapatero, declaró el pasado mes de julio para señalar al expresidente como la raíz de todas sus gestiones y precisar que fue él quien le puso en contacto con el presidente de la aerolínea.
La defensa del expresidente socialista solicitó al juez anular la causa porque supuestamente se habían vulnerado varios derechos de su representado durante la instrucción. Calama rechazó días después la petición de Zapatero y continuó marcando fechas en el calendario para esclarecer los hechos en torno al rescate de la aerolínea con la citación el 7 y 8 de septiembre del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
Ábalos y David Sánchez, condenados
Por otro lado, el 7 de abril comenzó el juicio por la trama de las mascarillas en el Tribunal Supremo con el exministro de Transporte, José Luís Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama sentados en el banquillo. La sentencia se conoció el pasado 22 junio: 24 años de prisión para el exministro, 19 para el que fuera su asesor y 4 años y medio de prisión para el empresario, que logró evadir la entrada en la cárcel por su colaboración por la justicia.
La sentencia concluyó que los tres acusados formaron parte de una organización criminal en la que se repartían las funciones para cometer graves delitos de corrupción. El Supremo considero probado los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de Ábalos de 10.000 euros y la contratación de dos conocidas del exministro socialista en empresas públicas: Jessica Rodríguez y Claudia Montes.
Otro de los juicios que ha tenido lugar en la primera mitad del año ha sido el que ha juzgado al hermano del presidente, David Sánchez y al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo en la Audiencia Provincial de Badajoz. En este caso el hermano de Sánchez fue condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, mientras que Gallardo fue condenado con una inhabilitación de 18 años por dos delitos de prevaricación.
La sentencia del caso es clara: el tribunal acredita que los acusados actuaron en conjunto para favorecer al hermano del presidente del Gobierno mediante la creación de una plaza en un puesto público "innecesaria y vacía de contenido". "Los coacusados entregaron a Don David (y a su auxiliar Don Luis María) sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno", añade la sentencia.