Una vez salvado el match-ball del Congreso, el Gobierno ya piensa en el siguiente saque con el que rematar su partido. La reforma de la malversación, la derogación de la sedición y el cambio de mayorías en el TC y el CGPJ ha pasado su primera fase, al aprobarse en la Cámara Baja, pero le queda el Senado, donde llegará el jueves.
Sólo tres días antes, el pleno del Constitucional se reunirá tras aplazar ayer su reunión para estudiar el recurso de amparo del PP que pide medidas cautelares por el método en el que se han aprobado las reformas para cambiar mayorías en el CGPJ y en el TC: mediante enmiendas a una iniciativa de ley sobre el Código Penal metidas en una ponencia y una sola Comisión de Justicia del Congreso.
Consecuencias impredecibles
En el Gobierno piden al PP que desista de mantener ese contencioso de amparo. "Le pido que retire ese recurso, es impredecible si al final fuera estimado. No se puede permitir que nada pueda parar una votación", afirmaba el ministro Félix Bolaños. En el Ejecutivo temen que el lunes haya un dictamen favorable y frene el pleno del jueves. Además, estas medidas cautelares no serían tan tensas como las que se podrían haber aplicado este pasado jueves cuando se esperaba una resolución mientras los diputados estaban en el Congreso.
El ministro de Presidencia incluso amenazaba con "consecuencias impredecibles". "Sinceramente, no quiero ni pensar en esa puerta", afirmaba cuando le preguntaban por una posible suspensión del pleno, al amparar las medidas cautelares que pide el PP.
Por si no había quedado claro, el ministro que dirige la estrategia judicial del Gobierno, repetía en varias ocasiones la coletilla de "consecuencias impredecibles", en unas ocasiones añadiendo la terminación "para nuestra democracia".
Más ministros se suman a las presiones
También la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se sumaba a las presiones durante una entrevista en RAC1 y pedía a los magistrados "sentido común" y que "no sigan agravando el conflicto entre instituciones". Una forma nada disimulada de presionar a un pleno que se reunirá el lunes, sólo 72 horas antes del Senado.
Aunque lo más llamativo procedía de un magistrado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que, en línea con lo afirmado por Sánchez desde Bruselas, acusaba al PP de hacer "un atropello a las instituciones democráticas". Un frases del argumentario monclovita, junto al de la derecha "político, judicial y mediática".
Lo que obviaba Marlaska es que él, hasta hace sólo unos años, pertenecía a esa "derecha judicial", ya que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Una de las instituciones que ahora el Gobierno ha puesto en un brete y que es uno de sus objetivos.