Las negociaciones entre los separatistas y el PSOE iban "bien". Todo estaba encarrillado y hasta había un calendario. Lo que María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, reportaban al presidente, y sólo a Pedro Sánchez, era más positivo que negativo.
Todo parecía encarrillado hasta que ERC y Junts crearon una resolución del Parlamento de Cataluña para instar a que no se de el voto favorable al candidato socialista hasta que no se hagan "efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum".
El PSOE respondía con un comunicado conjunto con el PSC. Unas palabras muy medidas y un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para no intuir algo más allá de una oposición a la unilateralidad de 2017.
"Tienes que poner negro sobre blanco el perímetro", explican en Ferraz donde apoyan a al primer secretaria del PSC, Salvador Illa, cuando no descarta una repetición electoral. Pero, como en casi todo documento político, lo más interesante es lo que no se dice. En los apenas cuatro párrafos remitidos por el PSOE no se mencionaba la palabra maldita: referéndum. "Diálogo" y "dentro de la Constitución", repiten como mantra.
También los separatistas lo hacían en su proposición del Parlamento. Incluían la palabra referéndum pero obviaban "de autodeterminación". En otra, apostaban por sustituir "el mandato que salió del referéndum del 1-0" por un nuevo "referéndum acordado con el Estado". En Moncloa repiten que "el referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución" y que las proposiciones del Parlamento catalán no son más que PNL donde suelen incluir deseos casi imposibles.
Encajando el referéndum
No habrá referéndum de autodeterminación pero lo que nadie descarta es algún tipo de consulta. "Eso ya es otra pantalla", matizan en el PSOE. La hoja de ruta de los socialistas lleva escrita un tiempo. Es la llamada "declaración de Barcelona" que marca la posición política del partido con respecto a Cataluña.
En el texto, de apenas 10 páginas, afirman que "la solución definitiva al actual desencuentro pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal" que reconozca " su carácter plurinacional". Los socialistas hablan sin ambages de una consulta. "El nuevo pacto constitucional deberá ser sometido al voto de la ciudadanía", afirman mientras añaden que se quiere "verificar la existencia de un apoyo mayoritario tanto en Catalunya como en el conjunto de España".
El acuerdo del PSOE y el PSC del 2017 también habla de "culminar el traspaso de las transferencias pendientes" como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada o mutuas de accidentes de trabajo. Otro punto conflictivo es cuando habla de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un Consejo de Justicia de Cataluña y "configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial".
Se trata de una de las más controvertidas propuestas del Estatuto catalán de 2006 que se cerró tras un encuentro entre Zapatero y Artur Mas. También uno de los pocos artículos que el TC presidido por María Emilia Casas tumbó por inconstitucional.
En el texto se afirmaba que los miembros del Consejo de Justicia de Cataluña serán "designados" por el Parlamento Catalán y que su presidente sería "el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Una réplica en miniatura del CGPJ y que ahora los socialistas podrían resucitar como propuesta dentro de una serie de acuerdos para ser sometidos a votación. Un referéndum que podría satisfacer a ambas partes.
De hecho, en el pasado tanto el líder del PSC, Salvador Illa, como su predecesor, Miquel Iceta, dejaron claro que estaban a favor de una consulta "sobre un nuevo Estatuto" y "enmarcada en la Constitución"
Amnistía, "pantalla cerrada"
La amnistía, que ya estaría prácticamente cerrada, y el encaje de una consulta son los principales escollos de la negociación entre el PSOE y sus socios catalanes (ERC y Junts). En el partido socialista confían en que "habrá Gobierno" pero ponen el freno de mano en el calendario.
La idea sigue siendo la tercera semana de octubre y tener un nuevo ejecutivo en funciones antes de la jura de la Princesa Leonor ante las Cortes, prevista para el día 31, pero ya no se ponen una meta. "Iremos cuando tengamos que ir y no es una negociación fácil", sentencian aunque reconocen que "una vez que tienes el encargo la cosa se acelera". "Habrá que correr porque un país no puede estar con un Gobierno en funciones mucho más tiempo", concluyen. Comienza ahora el "tiempo de Sánchez".