El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, colabora ya en secreto con el Gobierno de Pedro Sánchez para elaborar la Ley de amnistía sobre el 1-O. Se trata de una irregularidad brutal a la vista de la necesaria independencia que debería tener el magistrado el enjuiciar la amnistía que negocia el Gobierno con los separatistas. Pero lo cierto es que desarrolla esta función y, además, con una línea argumentativa ya definida: la de explicar el 1-O y su contexto histórico y político como una "situación extraordinaria". Todo ello con el fin de argumentar que su amnistía no destroza el estado de derecho en pleno y poder justificar, eso pretende, la sumisión al separatismo.
Pedro Sánchez ha asegurado ya que los acuerdos que el PSOE alcance para lograr su investidura "serán validados" por el Tribunal Constitucional con "plena normalidad democrática". La frase anticipa un comportamiento y veredicto del Tribunal de Garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, toda una barbaridad que presume el conocimiento por parte del presiente en funciones de algo que, por el momento, aún no cuenta con texto escrito y, obviamente, no ha entrado a valoración del Tribunal Constitucional.
Ya se trabaja en el diseño de esta ley
Fuentes de la Moncloa y fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han afirmado ya, como ha publicado este diario, que "Conde-Pumpido está participando en los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la Ley de amnistía que sirva para que ERC y Junts otorguen su apoyo al PSOE en la investidura de Pedro Sánchez.
De hecho, fuentes jurídicas han confirmado incluso la línea argumental que maneja Conde-Pumpido: "Pretende justificar todo lo ocurrido bajo una supuesta "situación extraordinaria" que justifique una actuación no prevista en las leyes ni en la Constitución". Las mismas fuentes señalan la doble barbaridad que esto implica: "No sólo supone admitir una falsa constitucionalidad de una amnistía, sino que, además, generaría una doctrina favorable a que un Ejecutivo -vía indulto- o un legislativo -vía amnistía- pudieran usar el recurso de violar la exigencia constitucional de igualdad ante la ley en cada momento en el que justificaran una situación fuera de lo común".
El empeño de Conde-Pumpido en esta línea argumental da una idea de la barbaridad jurídica que implica una amnistía. Y es que supone una voladura plena del artículo 14 de la Constitución -igualdad ante la ley-, de la necesidad de que todas las leyes sean de aplicación general, de la independencia de la Justicia, y hasta de la legitimidad del Gobierno y de la propia Constitución, que habrían permitido algo deslegitimado posteriormente por el Parlamento con una ley de amnistía.
Asesoramiento clandestino
La razón estriba en la justificación que podría tener la reclamada amnistía. Una pretendida e ilegal amnistía no podría argumentarse en base a la existencia previa de una dictadura que deslegitimase la sentencia y práctica de las condenas -vivimos en democracia-. Por lo tanto, sólo podría argumentarse en base a una fantasiosa supresión de derechos por culpa de la aplicación de esos delitos, lo que dejaría a los citados delitos deslegitimados a pasado, pero también a futuro. Y eso supondría la barra libre golpista. Se podrían cometer sin temor alguno a cualquier castigo penal. El presidente del Constitucional conoce perfectamente esta realidad. Y, pese a ello está desarrollando su labor de asesoría al Gobierno en completo secreto, con absoluta discreción y de forma clandestina, sin mantener reuniones con ningún miembro del Gobierno, ni de la comisión negociadora.
"El Ejecutivo está elaborando la Ley de amnistía tomando como base la proposición de Ley que hizo ERC en el año 2021. Sobre este texto, el Ejecutivo trabaja conjuntamente con el senador de Esquerra Republicana y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt. Los textos posteriormente son remitidos a Conde-Pumpido para que los supervise o los matice. El intermediario del presidente del TC en el Gobierno sobre este asunto es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños", añaden las fuentes consultadas por LD tal y como ya ha publicado este diario. Y la vía elegida es una deslegitimación de la actuación de la Justicia y el Estado por la excepcionalidad de la situación.