Francina Armengol no ha cumplido ni dos años como presidenta de las Cortes y la ristra de polémicas que acumula es interminable. Su llegada fue un guiño de Pedro Sánchez a sus socios separatistas, dada su cercanía a esta ideología en la que militó como miembro del sindicato estudiantil Bloc d’Estudiants Independentistes de la Universidad de Barcelona. Su llegada ha servido para instalar un rodillo institucional que busca apuntalar al Gobierno y anular al PP.
Esta semana se ha vivido el penúltimo capítulo de su forma de proceder. En una decisión insólita en la historia de nuestro país, el órgano Rector de la Cámara eliminó 4 enmiendas a la Ley de Desperdicios alimentarios aprobadas en el Senado, sin ni siquiera ser debatidas en el Congreso, y en contra incluso del Letrado Mayor de Cortes, nombrado por el Gobierno.
Desde hace meses, Armengol mantiene bloqueadas más de una veintena de leyes aprobadas por el Senado, Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta y a la que recurren cada vez con más frecuencia para sortear el veto de la Mesa del Congreso. Entre ellas, la Ley antiokupas, con muchas posibilidades de prosperar dado el apoyo de Vox y Junts, motivo por el que sigue guardada en un cajón.
Ley de conciliación, contra el vandalismo, la multirreincidencia, ayudas a víctimas de la talidomida, mejoras para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ayudas a la dependencia, reducción del IVA... son sólo algunas de las normas vetadas que han recibido el visto bueno del Senado. Todo, para arrebatar a la oposición cualquier influencia legislativa que deje en evidencia la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno.
Sus polémicas decisiones
La presidenta del Congreso se estrenó en el cargo decretando el Parlamento multilingüe. Incluso llegó a aplicar la reforma del Reglamento, que permitía el uso de las lenguas cooficiales, dos días antes de que se hubiera aprobado. Es decir: los diputados empezaron a hablar en catalán y a usar los pinganillos pese a que no estaba aprobado de manera oficial por la mayoría de la Cámara.
Como colofón, ya desde la segunda votación de investidura, Armengol decidió anular uno de los votos emitidos por un diputado de Junts que, de viva voz, dijo "sí" a la investidura de Feijóo y, segundos después, cuando la secretaria de Mesa ya había confirmado su apoyo, intentó rectificar desde el escaño. Una decisión, cuando menos, irregular que Armengol adoptó después de consultar con los miembros del órgano Rector de la Cámara, de mayoría de izquierdas.
Lo siguiente fue nombrar como Letrado Mayor del Congreso a Fernando Galindo, que venía de ser subsecretario de Estado con Isabel Rodríguez y que coincidió con Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid. Una medida controvertida y que Galindo ha confirmado al permitir la tramitación de la Ley de Amnistía, en contra del criterio del resto de los letrados que dudaban de su constitucionalidad.
Su forma de ejercer la presidencia deja una larga lista de decisiones que siempre han ido destinadas a beneficiar al Gobierno. Desde cortes estrictos a Feijóo cuando se le acaba el tiempo a llamamientos al orden sólo sólo a diputados de la oposición adornan su historial, hasta el punto de que en una ocasión, sin guardar ningún tipo de respeto institucional o decoro, Sánchez llegó a pedir a Armengol que cortara al líder del PP cuando intervenía desde la tribuna de oradores.
Pero uno de los capítulos más vergonzosos que ha vivido la Cámara se produjo hace apenas cuatro meses, cuando Armengol suspendió la sesión de control por la DANA, en respuesta a la petición del PP, y autorizó después que se celebrase un Pleno para aprobar el cambio en RTVE que permitía al Gobierno tomar el control del Ente público, mientras tenía lugar el recuento de víctimas.
Durante los últimos meses, incluso ha permitido, por primera vez en la historia española, que un terrorista, Mohamed Houli Chemlal, interviniera en la comisión de investigación de los atentado de las Ramblas, pese a estar cumpliendo condena. Una invitación que sirvió para que Junts sustentase su teoría de conspiración de que el Estado sabía que se iban a producir los atentados si es que no los perpetró directamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Repetirá como líder del PSIB
Este sábado, la presidenta del Congreso ha vuelto a ser elegida como secretaria general del PSIB-PSOE en un cónclave interno en el Hipotels Gran Playa de Palma con la presencia de Pedro Sánchez. No es un secreto que en 2027 repetirá como candidata de los socialistas a la presidencia del Gobierno balear, que ya ocupó entre 2015 y 2023 sin que le afectasen algunos de los escándalos que le acecharon.
En 2019 se destapó el escándalo de explotación sexual de menores tuteladas por los servicios sociales del Gobierno de Baleares. La oscura trama afectada a niñas de entre 13 y 17 años que se prostituían por las calles de Palma a cambio de droga. El Ejecutivo balear, gobernado por PSOE, Podemos y Mes per Mallorca, se negó a realizar una comisión de investigación. Tampoco se pudo investigar por la vía judicial, ya que la causa fue archivada alegando que se trataba de "casos aislados".
En 2020, en plena pandemia del coronavirus, la Policía encontró a Armengol en un local de copas, el Hat Bar, a altas horas de la madrugada, incumpliendo las restricciones covid impuestas por ella misma. Los agentes la descubrieron tras una denuncia telefónica de un vecino que veía cómo sacaban a una persona del interior del bar que se encontraba mal. El propietario del local tuvo que pagar, según le aseguró él mismo, una multa de 7.000 euros por aquel incidente pero las responsabilidades políticas nunca se saldaron.
En esa misma época, llegó a pagar 3,7 millones a una empresa clave en las mordidas de Koldo a cambio de unas mascarillas que, en su gran mayoría, eran defectuosas. El escándalo saltó a los medios cuando Armengol ya estaba al frente del Congreso y era la tercera autoridad del Estado. A pesar de ello, se justificó diciendo que al comprobar que las mascarillas eran defectuosas se hizo una reclamación.