Tras la declaración de Julio Martínez, queda prácticamente probado que Zapatero cobró una comisión a cambio de lograr que Plus Ultra fuera rescatada con 53 millones de euros. Procede en consecuencia investigar el modo en que Zapatero consiguió el rescate para la compñía que le prometió la comisión. Si, a raíz de las pesquisas, resultaran indicios de que el rescate se acordó irregularmente en Consejo de Ministros gracias a las gestiones de Zapatero, podría ser interesante para la causa interrogar como imputado a Pedro Sánchez. Se trataría de ver qué explicación da el presidente a que el Gobierno por él encabezado decidiera salvar a una compñía tan poco merecedora de serlo y si tuvo algo que ver la suculenta comisión que Zapatero cobró por ello. Evidentemente, el magistrado de la Audiencia Nacional podría citarle como testigo, pero hacerlo iría en detrimento de su defensa habida cuenta de que, compareciendo como tal, está obligado a responder a todas las preguntas que se le formulen y a decir la verdad. Y encima, gozando del privilegio de poder contestar por escrito, resultaría una comparecencia inútil. Ahora, la Audiencia no puede imputarle. Sólo puede hacerlo el Tribunal Supremo, ante el cual está aforado el presidente del Gobierno. Y, por supuesto, previa concesión por el Congreso de los Diputados del correspondiente suplicatorio.
Con independencia de lo que hagan finalmente los jueces, que no será fruto de ninguna otra consideración que no sean las que exige la ley, a los efectos de que caiga este Gobierno corrupto, ¿interesa que el suplicatorio se pida cuanto antes? Si tal cosa ocurre, por fundadas que sean las razones del Supremo, políticamente será un desastre. Sánchez no tendría ni siquiera que rezar para que sus socios voten contra la concesión, sino que le bastaría que la Mesa, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría, deje de tramitarlo, como ha hecho con tantas proposiciones de la oposición que no les ha convenido votar. Pasados sesenta días sin ser llevado al Pleno, el suplicatorio se tendría por decaído por silencio negativo y el Supremo no podría imputar al presidente por esa causa hasta que volviera a ser elegida una cámara nueva, a la que tendría que volver a hacerle la petición.
Quienes crean que Sánchez no se atrevería a provocar semejante escándalo es que no le conocen. Le da igual todo, salvo continuar en el poder. Si el rosario de escándalos que le rodea no le ha hecho mover un músculo, mucho menos lo hará una aparente falta de diligencia de la Mesa. Y, para evitar que se le pueda imputar tras la disolución de las cámaras, hará que su partido lo integre en la Diputación Permanente, que es la forma de no perder la condición de diputado tras la disolución de las cámaras. Sólo con una Mesa que no esté controlada por el PSOE, podrá el Supremo volver a pedir el suplicatorio con alguna esperanza de que, votado en el Pleno, con unas mayorías diferentes a las actuales, sea debidamente concedido. De forma que, sea lo que sea lo que legalmente deban hacer los jueces, no conviene que pidan el suplicatorio antes de que haya elecciones.