Sílvia Orriols, la Marine Le Pen de Ripoll, la líder de Aliança Catalana que siembra el terror demoscópico en Cataluña —y eso que dicen que las encuestas están suavizadas para prevenir infartos...—, anuncia triunfalmente que la justicia ha anulado la multa de 10.001 euros que el Gobierno catalán —cuando aún lo presidía Pere Aragonès, de ERC— intentó imponerle a raíz de unas declaraciones suyas en un debate en 2022 donde se oponía a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes alegando que solo se puede asumir un número limitado de gente que se rige por la sharia y no acata los principios más elementales de la democracia. Orriols vaticinó en su día que si este tema no se gestionaba con "sentido común", proliferarían las violaciones, las ablaciones de clítoris, los matrimonios forzados, etc. La entonces consejera catalana de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, consideró que estas opiniones —manifestadas en un debate televisivo donde también se oyeron opiniones contrarias— constituían un delito de odio merecedor de una sanción que se llegó a estimar en 40.000 euros. Finalmente fueron —o se intentó que fueran— 10.001 euros, pero los tribunales lo han rechazado de plano, por entender que Orriols se limitó a hacer uso de su libertad de expresión, exactamente igual que los otros debatientes —entre ellos, Ramón Cotarelo— que opinaban y defendían todo lo contrario.
¿Suscribe quien esto firma las opiniones de Sílvia Orriols? No al cien por cien, ni es ese el caso… aunque sí me gustía subrayar que lo que dijo la alcaldesa de Ripoll en 2022 no es tan distinto de lo que profetizó Oriana Fallaci —de cuya muerte se acaban de cumplir veinte años— en 2001, tras la dolorosa epifanía que para toda la gente supuso la caída de las Torres Gemelas de Nueva York.
No estoy ni mucho menos por la criminalización de todo lo que sea o haya sido musulmán —me honro en ser amiga de Hanan Serroukh, de la que ya hemos hablado aquí— y tampoco estoy a favor de prohibir sin más un velo islámico digno, que sólo cubra el cabello, porque por las mismas alguien podría sentirse tentado de prohibir los crucifijos y las medallitas de la Virgen. El problema no es el origen, la etnia o la religión, sino lo que hace cada cual con todo eso, el margen de respeto hacia los demás que sus creencias le dejan. Mi objetivo es buscar un mínimo común denominador de derechos, deberes y libertades, no pasar un rodillo aplanador para que todos pensemos y creamos lo mismo.
Dicho esto, lo que más me interesa de esta noticia, de la anulación por la justicia del intento de un ya extinto Gobierno catalán de sancionar a Sílvia Orriols, es la profunda hipocresía que estas situaciones traslucen. Yo entiendo que las declaraciones de Orriols pudieran sobresaltar, incomodar, incluso indignar. Ay, pero esa insufrible doble vara de medir, esa piel tan fina que tienen unos mientras esperan que los demás la tengamos de elefante... pues no, eso no se sostiene, y así lo ha tenido que advertir, una vez más, un tribunal de justicia.
Los jueces no son más ni menos fachas por señalar lo obvio: que la libertad de expresión protege tanto a los de derechas como a los de izquierdas. No puede ser que a unos desbarrar les salga gratis y los otros se la tengan que coger con papel de fumar. Tuve ayer unas palabritas con mi novio porque no le gustaba que llevara al cuello un colgante con la estrella de David. Bueno, en realidad sí le gusta, pero le preocupa que me pase algo. Que efectivamente pasa, como a esas dos mujeres que les negaron la entrada en una sauna de Barcelona. Al final pactamos que yo seguiría llevando mi estrella, pero más discretamente, colgando de la muñeca en plan brazalete. Todo eso mientras la marabunta antisemita ruge sin complejos y "genocida" es lo primero que te llaman para empezar a hablar.
Si alguien consideró que las palabras de Sílvia Orriols constituían un delito de odio, punible además con multa, no sé qué deberían pensar de la tanda de insultos que día sí, día también, reciben —recibimos, o hemos recibido— todos aquellos que en algún momento nos hemos desmarcado del paradigma dominante. A mí no me han llegado a intentar multar nunca, gracias a Dios, pero me han llamado de todo, especialmente tras pasar por la política de la mano de Ciudadanos: me han acusado de fascista, de anticatalana y hasta uno, un teniente de alcalde de Junts en un pueblecito de la Costa Brava, se atrevió a compararme con una puta de bar de carretera. Con la entonces presidenta del Parlamento, Laura Borràs, riéndole la gracia y los tuits, por cierto. Debo decir que todo el resto de la cámara (¡hasta la consejera Tània Verge!) rechazó eso y me hizo sentir su apoyo. Pero no recuerdo que se plantearan multar a nadie.
Tampoco les pasó nada a los energúmenos —algunos de ellos, famosos y muy bien retribuidos colaboradores de la televisión pública catalana— que a raíz de unas opiniones mías en 2020 denunciando las tácticas de control y hasta espionaje lingüístico en las escuelas de Cataluña, me pusieron a caer de un burro y llegaron a insinuar con insistencia que yo iba a las tertulias borracha. Ya se pueden figurar lo que perseguían con esto, desacreditarme y dejarme sin trabajo. Tan grave fue el asunto que, una vez más, dos diputados catalanes —entonces yo no era una de ellos— me defendieron desde el atril del Parlamento y la Asociación de la Prensa de Madrid emitió un comunicado condenando los ataques a mi libertad de expresión. Pero la palabra "multa" tampoco recuerdo que llegara a mencionarse nunca. Démosle, por favor, a estas cosas una pensada seria, un baño de sentido común. De lo contrario, la comprensión lectora de la clase política —y de sus votantes— puede descender a tales niveles que ni las pruebas PISA contemplen llegar tan abajo. ¿Me entienden?