El Consejo Constitucional de Francia ha ratificado este viernes la totalidad de la legislación que garantiza el acceso a la muerte asistida para adultos con enfermedades graves o incurables, aunque ha introducido varias precisiones sobre su aplicación. La norma permite que el propio paciente se administre la medicación destinada a poner fin a su vida y contempla la intervención de un profesional sanitario cuando no pueda hacerlo físicamente.
La máxima corte francesa ha considerado conformes con la Constitución las disposiciones esenciales de la ley aprobada por el Parlamento. El fallo incorpora, no obstante, algunas observaciones sobre determinados supuestos y establece precisiones que deberán tenerse en cuenta durante su aplicación.
La legislación establece que el procedimiento estará reservado a personas adultas que cumplan una serie de requisitos médicos y administrativos. Entre ellos figura padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en peligro la vida, encontrarse en una fase avanzada o terminal y sufrir un dolor físico que no pueda aliviarse mediante tratamientos o cuidados paliativos.
También exige ser ciudadano francés o residir de manera permanente y legal en Francia.
El mecanismo previsto parte de la administración de la medicación por parte del propio paciente. Cuando este no tenga capacidad física para hacerlo, la norma permite que un médico o una enfermera se encarguen de administrarla.
Objeción de conciencia para farmacéuticos
El pronunciamiento del Consejo Constitucional introduce una cláusula específica de objeción de conciencia para los farmacéuticos. Estos profesionales no estarán obligados a preparar la sustancia utilizada en el procedimiento cuando se acojan a este derecho.
La resolución también autoriza a los centros sanitarios privados a rechazar la realización del procedimiento en sus instalaciones si así lo deciden.
Estas precisiones no han llevado al Consejo Constitucional a solicitar una nueva redacción de la ley. La institución ha validado el conjunto del texto y ha limitado sus observaciones a determinados aspectos de su aplicación.
La decisión permite avanzar en la entrada en vigor de una legislación que modifica el marco francés sobre el final de la vida y establece un procedimiento específico para determinados pacientes.
Macron destaca el proceso parlamentario
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado la decisión del Consejo Constitucional, que ha definido como la culminación de un "debate democrático ejemplar".
El mandatario ha recordado que el proceso comenzó con los dictámenes del Comité Consultivo Nacional de Ética y una consulta ciudadana antes de que el texto fuera remitido al Consejo Constitucional.
"Al validar las disposiciones esenciales de la ley y aportar aclaraciones dentro de su ámbito de competencia, el Consejo refuerza el equilibrio del texto aprobado por el Parlamento", ha señalado Macron.
El presidente francés también ha afirmado que la resolución supone una garantía de que la legislación respeta los principios y valores de la Constitución y ha defendido que la reforma se apoya en bases "democráticas, éticas y constitucionales".
La nueva regulación llega después de la legislación aprobada en mayo para garantizar la igualdad de acceso a los cuidados paliativos, según ha destacado Macron.
Un cambio respecto a la ley de 2016
Hasta ahora, Francia regulaba el final de la vida mediante la ley Claeys-Leonetti, aprobada en 2016. Esta norma permitía aplicar una sedación profunda y continua a pacientes con enfermedades terminales cuando existía un pronóstico de vida corto.
La nueva legislación establece un procedimiento diferente para determinados pacientes que cumplen los criterios fijados por la norma. El acceso queda condicionado tanto por la situación médica como por los requisitos de residencia o ciudadanía establecidos.
Con la ratificación del Consejo Constitucional, Francia se incorpora al grupo de países que permiten, bajo determinadas condiciones legales, procedimientos relacionados con el suicidio asistido o la eutanasia.
Entre los países citados en la información se encuentran Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay, aunque las condiciones y los procedimientos previstos en cada legislación son diferentes.