Los innumerables y gravísimos casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez están dejando en un segundo plano un no menos preocupante y escandaloso asunto económico como es el descomunal grado de endeudamiento público a pesar de la inmensa voracidad fiscal del Ejecutivo social/comunista. Así, España concluye 2025 con un nuevo récord de deuda pública tras aumentar el pasivo en torno a 70.000 millones de euros, lo que hace que el total supere ya los 1,7 billones.
Aunque el Banco de España publicará el dato definitivo en febrero de 2026, los datos disponibles hasta octubre reflejan un crecimiento interanual cercano al 4%. Este aumento duplica el ritmo previo a la pandemia. Entre 2015 y 2019, la deuda crecía unos 28.000 millones al año. Hoy el Estado suma cerca de 5.000 millones cada mes.
Lo más grave de todo es que este imparable aumento de la deuda ha ido paralelo a un constante aumento de la presión fiscal. Así, las arcas del Estado ingresaron hasta noviembre la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supone un 10% más de lo recaudado en el mismo período del año anterior y un nuevo hito para el departamento de María Jesús Montero a costa del contribuyente: Nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación, y eso que todavía queda contabilizar lo recaudado en el último mes del año.
Mientras tanto, el gasto en intereses crece con fuerza mientras se dispara el gasto en pensiones: El Estado ha tenido que inyectar más de 46.000 millones a la Seguridad Social para maquillar el agujero.
Ni que decir tiene que el Gobierno no tiene el más mínimo propósito de afrontar ninguna reforma estructural ni poner coto al elefantiásico gasto público. De la misma forma que se dedica a tapar los casos de corrupción, también se dedica a tapar nuestros desequilibrios con aumentos de impuestos y de deuda.
Sin embargo, afrontar la necesidad de reducir drásticamente el gasto público -tarea en la que también se tienen que ver concernidas las administraciones autonómicas- es el principal reto al que se ha de enfrentar el gobierno de España. Porque ni el gobierno de Sánchez ni el que pudieran conformar en el futuro PP y Vox pueden soñar con afrontar el problema con meros y puntuales recortes de gasto superfluo. Menos aún creer que bajando impuestos van a seguir obteniendo un mismo o superior nivel de recaudación. Aunque la rebaja de impuestos es siempre deseable debe ir acompañada de una profunda voluntad de reducción del gasto público. Y para ello se necesitan firmes convicciones liberales y no ensoñaciones socialdemócratas o nacionalsindicalistas.
Lo que está claro es que Sánchez va a dejar en términos de deuda pública una herencia envenenada que no puede ser utilizada como excusa -tal y como hizo Rajoy respecto a la que recibió de Zapatero- para proseguir en la senda de la voracidad fiscal y del gasto y endeudamiento público.