Las elecciones de Aragón han dejado un veredicto que trasciende las siglas: el electorado ha votado con la lista de la compra en la mano. Los resultados, que consolidan el bloque de la derecha con una irrupción determinante de Vox y el retroceso del PSOE de Pilar Alegría a mínimos históricos, no pueden entenderse sin analizar la asfixia económica que padece la clase trabajadora de la región.
Aragón es hoy el espejo de una paradoja cruel. Mientras las cifras macroeconómicas presumen de una tasa de paro envidiable, la realidad en la calle dibuja un "paro real" que roza el 10% si atendemos a la precariedad de los fijos discontinuos y a la exclusión de quienes ya no buscan empleo. En una comunidad con una altísima exposición a la industria y los servicios, el modelo de "pleno empleo" se ha agrietado por la base: gran parte de los nuevos puestos de trabajo se ofertan bajo el paraguas de un Salario Mínimo Interprofesional que la inflación ha dejado obsoleto.
El dato es demoledor: una cesta de la compra que se ha encarecido un 30% y unos gastos comunes del hogar (luz, gas, alquiler) que han subido un 20% en el último lustro. Para el aragonés medio, cuyo sueldo no ha seguido ni de lejos esa progresión, la política de las "grandes cifras" se ha sentido como una burla. Ayer, los barrios obreros de Zaragoza y las cabeceras de comarca, tradicionalmente ligadas a opciones de izquierda, enviaron un mensaje nítido: el progresismo no puede alimentarse solo de retórica si el plato de comida cuesta un tercio más que hace cinco años.
Este giro a la derecha no responde necesariamente a una súbita conversión ideológica, sino a un pragmatismo de supervivencia. Muchos votantes que perciben salarios cercanos al SMI han dejado de ver en la izquierda un escudo contra la crisis para ver en la derecha —especialmente en las propuestas de reducción fiscal y pragmatismo económico— una esperanza, por desesperada que sea, de alivio inmediato.
El avance de las opciones conservadoras es, en última instancia, el rugido de un bolsillo vacío. Aragón ha castigado la gestión de una inflación que ha devorado el poder adquisitivo de quienes menos tienen, demostrando que, cuando la cesta de la compra se vuelve inalcanzable, las lealtades políticas tradicionales saltan por los aires.