Con motivo de la pésima gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo de la pandemia del covid-19, cerrando por completo la economía en uno de los confinamientos más duros del mundo desarrollado, decidió sacar un programa de ayudas para tratar de asistir a tantas empresas que habían sufrido especialmente el impacto del virus y que necesitaban de un rescate.
El Gobierno dotó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para rescatar empresas españolas.
De esos 10.000 millones se terminaron usando cerca de 3.000. Y de esos 3.000 empiezan a estar bajo sospecha unos 760 millones, más de lo que resultó ilícito en el caso de los ERE fraudulentos y que supuso el mayor escándalo de corrupción de la democracia española.
Pues bien. El juez Santiago Pedraz mantiene imputados a Vicente Fernández y Belén Gualda, los dos presidentes de la SEPI desde que Pedro Sánchez gobierna, y también a Bartolomé Lora, que fue vicepresidente desde que abandonó el cargo Vicente Fernández y que estuvo en funciones durante un año y medio hasta el nombramiento de Belén Gualda.
En ese tiempo, desde noviembre de 2020 a junio de 2022, la SEPI tramitó un total de 30 expedientes en los que empleó cerca de 3.000 millones de euros. Ahora, 760 millones están en entredicho y están siendo estudiados en lo que para Santiago Pedraz, encargado del caso, puede ser un escándalo mayúsculo. Una macrocausa que lleve años resolver.