Un estudio liderado por un investigador de la Universidad de Lérida constata que los espacios protegidos representan el 38% de la superficie forestal analizada en el suroeste europeo, pero concentran ya el 55% del terreno quemado. La acumulación de combustible, unida a las trabas para gestionar el monte, aparecen entre los factores determinantes que explican esta aparente paradoja.
Como es sabido, los grandes incendios que azotan periódicamente España suelen despacharse con una explicación casi automática: el cambio climático. Las temperaturas extremas, las sequías y los episodios meteorológicos adversos constituyen, por supuesto, factores relevantes para entender el creciente riesgo de incendios. Sin embargo, esa explicación resulta claramente insuficiente si se ignora qué ocurre sobre el terreno y, sobre todo, cómo se están gestionando los montes.
Los espacios protegidos: los más afectados por los incendios
En este sentido, un importante estudio científico publicado en 2025 por el Journal of Environmental Management ofrece algunos datos especialmente reveladores. El trabajo, encabezado por Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lérida, analiza incendios que han afectado a 14,9 millones de hectáreas y cruza esa información con nada menos que 11.000 áreas protegidas de Europa, California, Chile y Australia.
La conclusión obtenida para los bosques templados del suroeste de Europa resulta particularmente llamativa. Entre 2001 y 2021, las áreas protegidas pasaron de representar el 21% al 38% de la superficie forestal, pero su peso sobre el conjunto de la superficie quemada aumentó desde apenas el 13% hasta nada menos que el 55%. Es decir, los espacios protegidos ocupaban algo más de un tercio del bosque analizado, pero concentraban más de la mitad de las hectáreas arrasadas por el fuego. Estos resultados son 17 puntos porcentuales más de superficie quemada de la que correspondería a su peso territorial.
Hasta el 55% de la superficie quemada
Pero el estudio va todavía más lejos. Los investigadores encontraron asimismo que la severidad de los incendios fue aproximadamente un 20% mayor dentro de las áreas protegidas que se ubican en ecosistemas mediterráneos. En los bosques templados, la diferencia observada fue del 21%. Asimismo, la población situada alrededor de determinadas masas forestales llegó a presentar una probabilidad hasta 16 veces mayor de quedar expuesta a grandes incendios cuando se encontraba dentro o cerca de zonas protegidas.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta tiene mucho que ver con una cuestión que durante los últimos incendios españoles ha vuelto a denunciar el mundo rural: un monte que no se gestiona termina acumulando combustible. Así, el estudio dirigido por Resco de Dios identifica precisamente las diferencias en la carga de combustible y la densidad de vías de acceso entre los principales factores que explican la disparidad de superficie quemada entre espacios protegidos y no protegidos. Los investigadores consideran, por tanto, que la prevención de incendios debería ocupar un lugar central en las políticas de conservación y restauración forestal.
La prevención de incendios es clave
El propio Resco de Dios lo ha explicado de forma particularmente gráfica. En declaraciones recogidas por The Wall Street Journal, el investigador cuestiona una legislación "verde" que, a su juicio, "parte en ocasiones de una visión ideológica de la naturaleza, una especie de mundo de Bambi en el que la presencia humana aparece necesariamente como una amenaza". El problema, advierte, es que cuando se retira al hombre del territorio "se acumula más combustible y entonces se producen incendios peores".
Aquí aparece la gran paradoja de determinadas políticas ecologistas. Durante siglos, agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural realizaron gratuitamente buena parte de las tareas que hoy intentan sustituirse mediante planes públicos multimillonarios. El ganado eliminaba vegetación. La leña tenía valor económico y se retiraba. Se limpiaban caminos y parcelas. Se aprovechaban los montes. Se practicaban quemas controladas. Y la propia actividad agrícola dividía el territorio creando discontinuidades que dificultaban la propagación de los incendios. A medida que desaparecen esas actividades, aumenta la continuidad de la vegetación y crece la cantidad de biomasa disponible para arder. El fuego encuentra así enormes extensiones de combustible continuo y puede alcanzar una intensidad que termina desbordando incluso los medios de extinción.
El problema de algunas políticas ecologistas
No se trata simplemente de una crítica externa al modelo comunitario. La propia Comisión Europea ha reconocido los límites de una política basada esencialmente en extinguir los incendios una vez declarados y sostiene que Europa debe avanzar hacia una prevención mucho más intensa. No en vano, Bruselas admite que en 2023 se quemó más de medio millón de hectáreas en la UE y que aproximadamente el 40% de la superficie afectada pertenecía a espacios Natura 2000.
El problema es que esa necesidad de gestión preventiva convive con una agenda comunitaria que pretende incrementar sustancialmente el territorio sometido a protección ambiental. La Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea establece que al menos el 30% de la superficie terrestre comunitaria deberá encontrarse legalmente protegida en 2030. Además, un tercio de esas zonas (porcentaje equivalente al 10% de todo el territorio europeo) deberá quedar bajo "protección estricta".
Huelga decir que la definición europea de "protección estricta" resulta significativa. La guía oficial de la Comisión Europea establece que los procesos naturales deben permanecer "esencialmente sin perturbaciones" derivadas de presiones humanas y señala que muchos de estos espacios serán áreas de no intervención. Bruselas contempla expresamente actuaciones contra incendios e incluso quemas controladas, pero exige que sean compatibles con los objetivos de conservación y que se sometan a las condiciones previstas para cada espacio.
El obstáculo de la burocracia
Por tanto, sería incorrecto afirmar que Bruselas prohíbe limpiar un monte protegido o realizar cualquier actuación preventiva. El problema es otro: cuanto más intensa es la protección, mayor es la necesidad de justificar, autorizar, regular y compatibilizar las intervenciones humanas con los objetivos ambientales... y menor el incentivo para seguir desarrollando tales actuaciones. En un país como España, donde agricultores y ganaderos llevan años denunciando la sucesión de permisos y limitaciones para desbrozar, limpiar, pastorear o realizar quemas preventivas, sabemos que la burocracia puede terminar convirtiendo una política diseñada para proteger la naturaleza en un obstáculo para limitar la incidencia del fuego.
Resco de Dios advierte precisamente contra esa contradicción. Al presentar los resultados del estudio, la Universidad de Lérida recogió una advertencia contra el aumento proyectado de los espacios sujetos a protección estricta, cuestión que considera especialmente delicada desde el punto de vista de los incendios, porque son precisamente esos territorios donde pueden producirse mayores cargas de combustible y peores accesos para combatir el fuego.
Esto tampoco significa que declarar una zona protegida provoque automáticamente un incendio. Los propios resultados de la investigación muestran que intervienen factores meteorológicos, geográficos y de vegetación, y los espacios protegidos no son idénticos a los no protegidos. No obstante, los autores sí encuentran que los factores sobre los que puede actuar el hombre (principalmente, combustible y accesibilidad) desempeñan un papel fundamental en las diferencias observadas.
La política forestal determina el daño del posible incendio
Esa es precisamente la discusión que desaparece cuando toda la explicación de los incendios se reduce a hablar de calentamiento global o cambio climático. Una temperatura elevada puede aumentar la probabilidad de que el monte arda, sí, pero la política forestal determina en buena medida qué encuentra el fuego cuando comienza a avanzar: un territorio aprovechado, pastoreado y compartimentado o millones de toneladas de vegetación seca acumuladas durante años.
La respuesta a los grandes incendios no puede limitarse, por tanto, a desplegar más hidroaviones y brigadas cuando las llamas se propagan. En realidad, una política eficaz contra los incendios empieza muchos meses antes: permitiendo limpiar, desbrozar, pastorear, aprovechar económicamente el bosque, ejecutar quemas prescritas y mantener accesos y cortafuegos. Por mucho que el ecologismo oficialista rechace esta mirada, la evidencia muestra que conservar el monte nos exige intervenir en él.
Y quizá esa sea la principal lección de los datos que ahora pone encima de la mesa la investigación liderada desde la Universidad de Lérida: proteger la naturaleza no puede convertirse en prohibir al hombre que la gestione. Porque cuando la burocracia expulsa al agricultor, al ganadero y al selvicultor, el bosque no queda intacto. Se llena de combustible... y, tarde o temprano, arde.