Cuando el Estado comete un error, nunca paga el Estado. Siempre pagamos nosotros. Esto es exactamente lo que va a volver a suceder en la última polémica eléctrica. Después del gran apagón de abril de 2025 y, mientras siguen sin querer aclararse las responsabilidades de aquel desastre, el organismo regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) ha aprobado la regulación del mecanismo que permite arrancar el sistema eléctrico si vuelve a producirse un "cero" total.
Y alguien tiene que hacer la pregunta obvia. ¿Quién va a pagar esto? La respuesta es la de siempre. Usted y yo.
La CNMC ha decidido que el coste del llamado servicio de arranque autónomo se reparta entre toda la demanda eléctrica. Traducido al castellano, irá a la factura de la luz de una forma u otra. Estamos, por tanto, ante una nueva trampa política. Si el sistema falló, si hubo errores, si hay expedientes abiertos y si durante más de un año Gobierno, operador y regulador han cruzado explicaciones sin que el ciudadano haya visto depuración alguna de responsabilidades, ¿por qué el primer criterio firme que aparece es que paguemos nosotros?
El fondo del asunto es conceptual y serio. No hablamos de tecnología ni de jerga regulatoria. El problema es que cuando toca repartir culpas todo se vuelve complejo, lento… burocrático. Sin embargo, cuando toca repartir costes, todo se vuelve sencillo y rapidísimo. Siempre hay una fórmula para socializar la factura. No se trata de un problema de dinero, pues estamos hablando de cantidades de escasa importancia frente a las decenas de miles de millones de euros que nos cuesta el sistema eléctrico español cada año. Estamos hablando, como decía antes, de concepto. De considerar al ciudadano como alguien a quien ordeñar en todo momento y lugar, independientemente de quién tenga la culpa del coste a sufragar. No estamos ante un debate contable, sino moral.
Si después de un apagón histórico la lección práctica es que los ciudadanos deben pagar el refuerzo del sistema antes de que nadie responda por el fallo del sistema, el mensaje es devastador. Los que dirigen las instituciones del país gestionan sin ningún tipo de riesgo real, pero tienen sueldos como si gestionaran algo con riesgo. Los más de 500.000 euros anuales en la nómina de Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica son el vivo ejemplo de esto. La institución responsable de la seguridad del sistema eléctrico no ha tenido, según ella, ninguna responsabilidad en el apagón que ocasionó la pérdida del sistema que ella gestionaba. Estupefaciente, cuanto menos.
Todo va bien, pero la realidad es que Red Eléctrica ha tenido que parar la industria española en varias ocasiones este año. Solo en este verano, hemos tenido que desconectar nuestra industria hasta en seis veces debido a desequilibrios entre la oferta y la demanda en el sistema eléctrico. Todos estos episodios vienen acompañados de una absoluta falta de transparencia sobre las causas por las cuales hay que desconectar la industria.
Luego nos piden confianza. Confianza en el regulador, confianza en el operador, confianza en la planificación, confianza en la transición energética. Todo confianza. Pero el ciudadano no puede pedir responsabilidades, porque todo se envuelve en una maraña de argot técnico para que nadie parezca tenerlas. Otra exhibición de impunidad regulatoria con cargo al recibo. Vamos, lo de siempre.