En España, como en cualquier país serio, contamos con múltiples instituciones técnicas que velan por la seguridad en numerosos sectores. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es una de ellas, que vela por la operación segura de las instalaciones nucleares y radiactivas en nuestro país. Está conformado por un cuerpo técnico de excelsos profesionales de altísima cualificación que son referencia internacional por su buen hacer. A pesar de ello, la legislación vigente permite que el Gobierno ignore los informes del CSN si no cuadran con su retórica antinuclear. Algo que estamos viendo con el affair de la central nuclear de Almaraz.
El CSN ha emitido un informe favorable para que sus dos reactores continúen funcionando más allá de sus fechas previstas de cierre. Y lo ha hecho después de revisar e inspeccionar de manera exhaustiva que la central nuclear mantiene los niveles de seguridad exigidos. Es decir, traducido al lenguaje corriente, Almaraz cumple todos los requisitos para seguir operando con total seguridad. Cualquier declaración contraria a este hecho es, simple y llanamente, una mentira.
Conviene incidir en quién está diciendo esto. El CSN no es una asociación empresarial, un grupo ecologista ni una tertulia de expertos efímeros. Es, por ley, el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Cuando se discute si una central es segura, su criterio no es una opinión más. Es el único criterio técnico que cuenta. El único.
La arquitectura legal contiene, sin embargo, una particularidad muy importante. Si el informe del CSN es negativo, el Gobierno no puede autorizar la continuidad de una planta nuclear. Si una central nuclear no es segura, ningún Gobierno puede autorizar su continuidad. Sin embargo, si la apreciación del CSN es positiva –como ahora– el Ejecutivo conserva la facultad de decir que no. Es decir, un dictamen favorable no obliga a conceder la prórroga. Pero conviene tener meridianamente claro que, en ese caso, la no concesión de la prórroga responde exclusivamente a criterios políticos.
La lección alemana
Bruselas también ha empezado a señalar el elefante en la sala. El borrador de su Plan de Acción de Electrificación defiende que debe prolongarse la vida de los reactores existentes, salvo que resulte antieconómico o incompatible con los máximos estándares de seguridad. Ninguna de esas objeciones es aplicable a Almaraz. Europa ha comprendido que no se puede electrificar la economía destruyendo alegremente la generación firme, descarbonizada y disponible.
En este sentido, Alemania nos ofrece una advertencia muy pedagógica de los errores que no deberían volver a cometerse. Después de comprar la retórica de "las nucleares ya no hacen falta" o "cerraremos las nucleares y las sustituiremos por energías renovables", acaban de lanzar una subasta de ayudas públicas para 4,5 gigavatios de nuevas centrales de gas porque no tienen potencia firme suficiente en su sistema eléctrico. Los adjudicatarios podrán recibir remuneración durante quince años, con una subvención máxima de 244.000 euros por megavatio y año. La famosa transición verde alemana era, en realidad, gastarse dinero público para construir centrales que queman un gas que no tienen. Jugada maestra.
¿Y qué pasará ahora con Almaraz? La central solicitó el 30 de octubre de 2025 la renovación de la autorización de explotación. Se trata de un procedimiento administrativo con un plazo de seis meses. El 27 de febrero de 2026, el Ministerio suspendió el procedimiento hasta que el CSN emitiera su informe preceptivo. Cuando se suspendió, quedaban 62 días para el cumplimiento de esos seis meses. Por tanto, como el CSN ya ha entregado su informe, al Ministerio le quedan aproximadamente dos meses para pronunciarse sobre la continuidad de la central.
Cerrar Almaraz carece de sentido energético, económico y climático. Si el Gobierno rechaza ahora la prórroga, ya no podrá esconderse detrás de sus propios argumentos. Ya no podrá hablarnos de seguridad energética, de independencia, de soberanía ni de recorte de emisiones. Será una decisión ideológica y sectaria, tomada contra el regulador competente, contra la dirección que marca Bruselas, contra el deseo de los propietarios de la central y, sobre todo, contra el sentido común.