Cataluña

El ministro de Defensa, José Bono, explicó este lunes que la "gran garantía" para los españoles respecto al futuro del Estatuto catalán es que en Cataluña "es más querido Zapatero que Maragall".

El 61,4 por ciento de los españoles creen que el Estatuto catalán debe pactarse, además de con el Gobierno y el tripartito, con el Partido Popular. Este altísimo apoyo es superior incluso entre los votantes del PSOE, con un 72,1 por ciento a favor. El dato contrasta con el escaso 9,2 por ciento que defiende que el texto se pacte sólo con el tripartito. Los datos que revela la encuesta de El Mundo indican que también son mayoría quienes se oponen a la financiación propuesta en el texto, con un 61 por ciento, y los que creen que en Cataluña no se respeta el derecho a estudiar castellano.

Una amplia mayoría de los ciudadanos, el 63,4 por ciento, cree que el dictamen del Consejo Audiovisual de Cataluña contra la COPE supone una vulneración de la libertad de expresión, algo en lo que están de acuerdo los votantes del PP y del PSOE. También se ponen de acuerdo simpatizantes de ambos partidos al considerar, con un amplísimo margen del 84,4 por ciento, que sólo los jueces deben tener la capacidad de acallar un medio de comunicación. Los datos de la encuesta de El Mundo concuerdan con el alto apoyo recibido por el Manifiesto COPE presentado en Bruselas.

Una nueva propuesta está sobre la mesa para solucionar uno de los temas más polémicos del Estatuto, la definición de Cataluña. Si el texto establece que la región "es una nación", desde CiU se ha sugerido que dicha palabra se mantenga, pero matizándola con el adjetivo "histórica" y añadiendo que la Constitución española reconoce a Cataluña como "nacionalidad". Carod Rovira ya ha respondido a la sugerencia, recordando que Mas ya la propuso en su momento y finalmente se descartó, aunque dijo que se estudiaría.

El presidente de ERC emplazó este martes al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a convocar una cumbre sobre el Estatuto para finales de enero en Madrid con los líderes políticos catalanes, y exigió la publicación inmediata de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar, aunque en referencia a la propuesta de negociación de Rajoy. Fernando Moraleda ha descartado una "intervención directa" de Zapatero, aunque agardece el ofrecimiento de Rajoy.

El vicepresidente segundo de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, lamentó este martes que el actual sistema electoral "esté garantizando la dictadura de las minorías", y puso como ejemplo la negociación del Estatuto de Cataluña. Del Burgo propuso un "debate serio y riguroso" para reformar el actual sistema electoral porque "no es admisible que ERC esté imponiendo su criterio en asuntos muy importantes".

Los ministros José Montilla y Jordi Sevilla han coincidido este lunes en que las negociaciones con los partidos catalanes sobre el Estatuto están avanzando. Aunque Sevilla ha dicho que el acuerdo "está demasiado cerca"  y vaticinó que "este mes" habrá acuerdo, desde CiU exigen "que el PSC y el PSOE no mientan más sobre el estado de las negociaciones". Y es que, pese a los dicho por los ministros, el miembro de la comisión negociadora de CiU sobre el proyecto de Estatuto, Francesc Homs, dice que el pacto está "muy lejos" y llegó a decir que la negociación "está parada".

El conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells (del PSC), ha afirmado que "es cierto que en algunos sectores concretos, y el del cava es uno, el boicot ha tenido unos ciertos efectos", aunque "no significa que hayan bajado las ventas a la mitad; ¡sólo faltaría!". "Tampoco quiero crear alarmismo, porque no sería bueno hacerlo", matizó.

Los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid atienden a todos los pacientes por igual y sin distinción de su comunidad autónoma de procedencia, han informado este lunes fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña. Esta afirmación se produce tras las críticas catalanas sobre supuestos "impedimentos" en algunas comunidades a la atención y prescripción de medicamentos de ciudadanos catalanes.