Venezuela

El presidente de la empresa privada Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, dijo que espera que el anuncio oficial de la no renovación de la licencia de transmisión al canal sea "una broma de mal gusto por el día de los (Santos) Inocentes". Advirtió que la medida "no tiene fundamento, es inconstitucional, ilegal y viola los derechos del público televidente y de las estaciones de televisión". El presidente Hugo Chávez anunció que no renovaría la licencia de la cadena fundada en 1953 por considerar al canal "golpista". El Gobierno de Chávez "tiene muy poca autoridad para hablar de golpismo, mucho menos con RCTV" que se ha dedicado a promover "la democracia y la pluralidad", afirmó Granier.

El Gobierno de Venezuela no renovará la licencia para transmitir a Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando concluya en marzo de 2007. El anuncio lo ha realizado este jueves Hugo Chávez, quien ha acusado a dicho medio de ser un "canal golpista"."No se va a tolerar ningún medio de comunicación al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República", añadió el gobernante venezolano. El grupo RCTV, que comenzó a emitir en 1953, fue el primer canal comercial de Venezuela. Durante los últimos años se ha caracterizado por ser un acérrimo adversario de las políticas del Gobierno.

El abogado de Sebastián Etxaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola, los dos etarras que fueron extraditados a España desde Venezuela, afirmó este jueves que el convenio amistoso firmado por una funcionaria del Ministerio venezolano de Exteriores, en el que se acuerda indemnizarles, tiene "pleno valor jurídico" y que "con bastante seguridad" recibirán finalmente la compensación económica.

El régimen venezolano de Chávez destituyó a su representante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por firmar indemnizaciones para cuatro terroristas de ETA, y colaborar para agilizar los trámites de nacionalización de otros dos etarras, sin consultar a las instancias de su país. El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, dijo que el acuerdo por el que se concedían indemnizaciones a los etarras era desconocido en "todas sus partes" por el Gobierno del país iberoamericano y que "no fue consultado cuando se firmó en el mes de junio" al ministro titular de Exteriores.

Altos representantes de Venezuela y EEUU han mantenido una reunión de distensión en Caracas para tratar de resolver los conflictos que impiden la normalización de sus relaciones. Ambos países mantienen unas complicadas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder de Chávez, en febrero de 1999, salpicadas de amenazas de ruptura que no han llegado a materializarse. A pesar de ello, Caracas sigue suministrando un promedio de 1,4 millones de barriles diarios de crudo a Washington y mantiene un vigoroso intercambio comercial que en 2006 podría superar los cincuenta mil millones de dólares.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que el Ejecutivo se da por satisfecho con las explicaciones que le ha proporcionado el régimen de Chávez sobre la iniciativa de nacionalizar a cuatro miembros de la organización terrorista ETA e indemnizar a otros dos que habían sido extraditados a España, paso que finalmente no adoptará Venezuela. De la Vega eludió pronunciarse sobre la actuación del embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, que no se enteró del caso hasta que salió en la prensa.

El régimen de Venezuela ha hecho público, mediante un comunicado de prensa emitido por la embajada en Madrid, que queda sin efecto los compromisos recogidos en el acuerdo suscrito con varios etarras residentes en ese país sudamericano, por el que se indemnizaría a dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002 y se agilizaría la concesión de la nacionalidad a otros cuatro. El Gobierno de Hugo Chávez reitera en el texto su decisión de anular íntegramente el contenido del acuerdo amistoso suscrito, sin la debida consulta, entre funcionarios del Estado y ciudadanos españoles". El abogado de los terroristas, Marino Alvarado, anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El régimen de Hugo Chávez ha querido garantizar por escrito que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras ni indemnizará con 325.000 euros a otros dos terroristas. Una carta con el compromiso será entregado por el Ministerio de Exteriores al embajador español en Caracas, Raúl Morodo. Además, según informaron fuentes oficiales a la agencia Europa Press, las autoridades "chavistas" van a remover de su cargo a la funcionaria que negoció el acuerdo con el abogado de los criminales: María Auxiliadora Monagas, responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional.

El portavoz de Asuntos Exteriores del PP ha matizado la marcha atrás de Chávez en la concesión de la nacionalidad y de indemnizaciones a seis etarras. Según Gustavo de Arístegui, "no es una casualidad" sino una "reacción política medida". "La explicación" a estos privilegios a los terroristas es, a juicio del diputado, "la actitud laxa" del Gobierno de España con el de Venezuela, que "ha propiciado el envalentonamiento de Hugo Chávez". Para Arístegui, no han sido las presiones del Gobierno las que han provocado la "desautorización" de Venezuela a los anunciados beneficios a los etarras, sino "la reacción de la opinión pública", de "algunos medios" y "del PP".